No están preparados para ver —aunque algunas encuestas ya empiezan...

No están preparados para ver —aunque algunas encuestas ya empiezan a dar pistas— que hay personas dispuestas a renunciar a ciertas libertades a cambio de recibir aquello que, históricamente, se espera de un gobierno: seguridad externa, orden interno y prosperidad económica.

En los tres aspectos, el gobierno actual —como muchos gobiernos europeos— fracasa.

La sacralización de la democracia, hasta convertirla en una pseudo-religión, impide ver que no es más que un sistema de partidos, y que hoy no existe una correlación clara entre los problemas reales de la gente y las agendas que esos partidos imponen. De ahí nace la idea, profundamente interiorizada, de que no puede haber libertad fuera de la democracia, entendida además como su forma actual y no como un concepto abierto o revisable.

Sin embargo, los partidos no representan comunidades reales. No son partidos de clase ni de intereses orgánicos. Son, en la práctica, sociedades anónimas cuya misión es la ocupación del poder, no para ejercerlo en sentido político, sino para beneficiarse de él: subvenciones, colocación de afines, redes clientelares, corrupción. En última instancia, acceder al poder significa controlar las fuentes de dinero y recursos de un país.

Si uno se adentra en el funcionamiento interno de un partido, el esquema es aún más claro. El poder real está concentrado en un secretario general y una ejecutiva que marca todas las pautas. ¿Qué significa entonces la disidencia? Casi siempre, ostracismo y expulsión informal de cualquier posición de influencia, que queda reservada a quienes se alinean con los objetivos del aparato. La democracia interna es, en el mejor de los casos, decorativa.

Llegados a este punto, conviene hacerse una pregunta previa a todas las demás: ¿qué es la libertad? ¿Libertad de qué? ¿Para qué? En el Reino Unido ya existen casos donde la libertad queda limitada porque así lo decide un ente central; ¿es eso democracia? En España se promueven cancelaciones sistemáticas de quienes quedan fuera del consenso. ¿Quién define ese consenso?

En teoría, debería hacerlo una mayoría —la famosa tiranía de la mayoría de Tocqueville—, pero ni siquiera es eso. El consenso no emerge de forma orgánica: es impuesto por quienes controlan los canales de emisión de opinión, muchos de ellos ligados directa o indirectamente a estructuras públicas o a grandes intereses económicos. ¿Puede llamarse democrático a un sistema así? En España, además, cualquier debate sobre cuestiones reales se intenta clausurar mediante etiquetas como fascismo, bulo o negacionismo.

Esto enlaza directamente con el papel de los partidos y del dinero. La agenda política no surge espontáneamente: es impuesta, bien por los propios partidos, bien por quienes deciden dentro de los grandes mecanismos de gestión de la opinión pública —esto es una podemitada histórica pero si uno atiende a los problemas de la gente, poco se habla para lo que debería de seguridad, vivienda, salarios, pensiones, etc.—. En acontecimientos de gran magnitud, la agenda se impone sola; pero la interpretación de esos hechos, el enfoque y los límites del debate dependen casi por completo de partidos y recursos económicos.

Si entramos a valorar el acto del voto, la pregunta es inevitable: ¿qué se vota realmente? En estos momentos está en marcha la precampaña electoral en Aragón. La misma gente que aplaudiría el vídeo que motiva este texto está pendiente de qué pueblo ha visitado Pilar Alegría o qué baile ha hecho hoy. La política reducida a un ejercicio de popularidad, no de decisión.
Pero el problema no es solo la forma, sino el contenido. Las opciones entre las que el ciudadano puede elegir son aquellas que ya han sido filtradas por los partidos, auténticos elementos mínimos de nuestras democracias actuales. Nada que ver con el origen semántico griego del término democracia: demos (pueblo) y kratos (poder). El resultado de unas elecciones sirve, sobre todo, para ratificar lo hecho por quien ostenta…