La huelga de los que quieren decidir quién puede tener una...
Mr. Jones@Mr_Jones_k
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Oct 05, 2026
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La huelga de los que quieren decidir quién puede tener una vivienda.
Hay algo que conviene dejar claro desde el principio.
Dentro hilo.
(1/2)
Hay algo que conviene dejar claro desde el principio.
Dentro hilo.
(1/2)
2
La llamada huelga de vivienda no representa a «los españoles que quieren una vivienda». Representa a una parte concreta del movimiento político y asociativo que lleva años intentando convertir al propietario en el enemigo y que ahora pretende presentar sus reivindicaciones como si fueran la voluntad general.
Y no, una encuesta que pregunte si la vivienda es un problema no demuestra que el 73 % de los españoles apoye esta huelga.
Eso es una trampa metodológica bastante evidente.
Si preguntas a un ciudadano si cree que la vivienda es un problema, es perfectamente previsible que la mayoría responda que sí. Lo que habría que preguntar es algo muy diferente.
¿Apoya usted las medidas concretas de estos decretos?
¿Apoya las renovaciones forzosas?
¿Apoya las prórrogas extraordinarias?
¿Apoya las restricciones al propietario para recuperar su vivienda?
¿Apoya que se dificulte la venta o el cambio de uso?
¿Apoya que una organización política como el Sindicato de Inquilinas dirija una huelga para imponer esas medidas?
¿Apoya el discurso y los métodos de quienes están organizando las movilizaciones?
Eso es lo que no pregunta esa encuesta.
Por tanto, utilizar aquel 73 % para afirmar que «la mayoría de los españoles apoya la huelga» es, como mínimo, una conclusión que la propia pregunta no permite obtener.
¿Quién está realmente detrás?
Aquí la fotografía es bastante distinta.
El PSOE no debe aparecer en la lista de partidos que apoyan la huelga. El PSOE y el Gobierno son precisamente uno de los objetivos de la presión de este movimiento.
Quienes han respaldado explícitamente la convocatoria desde el ámbito político estatal son, fundamentalmente, Podemos, mientras que organizaciones como CGT están impulsando la huelga y otras organizaciones de la izquierda radical participan activamente en la movilización.
Podemos obtuvo un 2,7 % en el último sondeo 40dB.
Eso no significa que solamente el 2,7 % de los españoles apoye la huelga. Pero sí permite poner las cosas en su sitio.
La convocatoria no procede de los principales partidos españoles ni de las grandes organizaciones sindicales. Procede de un espacio político y social muy concreto.
Y ese espacio tampoco puede presentarse como una representación neutral de todos los inquilinos.
Porque entre quienes están impulsando la movilización encontramos al Sindicato de Estudiantes, una organización que no es precisamente un sindicato de trabajadores y cuya actividad política está claramente situada en la izquierda radical.
Su propio discurso es suficientemente explícito.
«No sobran migrantes, sobran fascistas».
Ese es el ambiente político en el que se está construyendo esta movilización.
Y aquí aparece otra contradicción.
Se presenta la protesta como una lucha transversal por la vivienda, pero al mismo tiempo se etiqueta como fascista a cualquiera que no comparta la visión política de sus organizadores.
¿Quién es el fascista?
En las últimas movilizaciones hemos visto a personas expulsadas de espacios de protesta por ser señaladas como «fascistas».
Hemos visto periodistas y personas que acudían a informar convertidos en objetivos de los manifestantes.
Hemos escuchado consignas de «fuera fascistas».
Y hemos visto cómo la palabra fascista se utiliza de manera cada vez más indiscriminada contra personas de derechas y centro derecha.
Esto es importante.
Porque cuando un movimiento político llama fascista prácticamente a cualquiera que discrepe de él, la palabra deja de servir para identificar una ideología concreta y se convierte en una herramienta para deshumanizar políticamente al adversario.
Y no hace falta imaginar cuántas personas están siendo metidas en ese saco.
El último sondeo disponible sitúa conjuntamente a PP y Vox en torno al 50 % del voto.
No significa que el 50 % de España sea fascista.
Significa precisamente lo contrario.
La inmensa mayoría de las personas a las que estos grupos meten en el saco de los «fascistas» son ciudadanos normales que votan a partidos de derechas o centro derecha.
No son fascistas.
No son violentos.
No son enemigos de la democracia.
Y no necesitan que una organización de extrema izquierda les conceda permiso para estar en una plaza pública.
Y entonces aparecen las imágenes
Aquí es donde la discusión deja de ser una simple discrepancia sobre política de vivienda.
En la Puerta del Sol se han visto ataúdes de cartón con la imagen de Isabel Díaz Ayuso.
Se han mostrado representaciones extremadamente violentas contra dirigentes políticos.
Se ha proyectado sobre un edificio institucional el mensaje:
«Ayuso, Almeida, iros a la mierda».
Y se han utilizado imágenes de dirigentes políticos representados de una manera que no puede calificarse simplemente como una discrepancia política normal.
¿Es necesario esperar a que un juez dicte una sentencia para poder decir que determinadas imágenes pueden constituir un grave caso de incitación al odio o de violencia simbólica contra adversarios políticos?
No.
Una sentencia determina una responsabilidad penal.
No determina si una conducta es objetivamente grave, intimidatoria o susceptible de constituir un delito.
Si alguien coloca una representación violenta de un político y pide combatir a quienes considera fascistas, lo mínimo que merece es una investigación seria.
No blanquearlo diciendo que «es simplemente protesta».
Y hay algo más que tampoco debería ocultarse
En las movilizaciones aparecen símbolos y organizaciones que nada tienen que ver con encontrar una vivienda.
En las imágenes de estas protestas aparecen banderas y simbología de Samidoun.
No estoy diciendo que todos los manifestantes sean miembros de Samidoun.
No estoy diciendo que el Sindicato de Inquilinas sea Samidoun.
Estoy diciendo algo mucho más sencillo:
hay simbología de una organización con un historial y unas vinculaciones con el entorno propalestino más radical que han provocado su designación como organización terrorista por Estados Unidos y Canadá y su prohibición en Alemania.
Eso forma parte de la realidad de la movilización.
Y ocultarlo porque resulta incómodo para el relato de quienes protestan sería exactamente lo contrario de hacer periodismo o análisis.
También aparecen banderas palestinas, símbolos comunistas, consignas revolucionarias y organizaciones que han convertido la protesta por la vivienda en una batalla política mucho más amplia.
Por eso no estamos ante una simple asociación de vecinos reclamando alquileres más baratos.
Estamos ante un movimiento político con una agenda mucho más amplia que la vivienda.
El verdadero problema está en los decretos
Y aquí es donde, para mí, está la parte más importante.
Porque incluso aunque eliminásemos de la ecuación todas las banderas, todos los radicales y todos los enfrentamientos políticos, los decretos seguirían siendo una mala solución al problema de la vivienda.
¿Por qué?
Porque no solucionan el problema fundamental.
No hay suficientes viviendas.
Y en los decretos no aparece una solución equivalente a la magnitud del problema.
No existe un gigantesco programa de construcción que vaya a poner cientos de miles de viviendas nuevas en el mercado.
No se resuelve la falta de suelo.
No se construye a la velocidad necesaria.
No se eliminan los enormes obstáculos administrativos.
No se crea de repente un parque público capaz de absorber la demanda.
En cambio, se interviene sobre los contratos existentes.
Se amplían las protecciones.
Se introducen prórrogas.
Se limita la capacidad del propietario para recuperar su vivienda.
Y en determinados supuestos se establece incluso una indemnización de hasta 12 mensualidades cuando el propietario decide no continuar.
Es decir.
Se regula con enorme intensidad el poco mercado que ya tenemos mientras seguimos sin crear suficiente vivienda nueva.
¿A quién protege realmente?
Aquí está la pregunta que nadie parece querer hacerse.
Supongamos que tenemos 100 viviendas disponibles y 150 personas buscando vivienda.
Hay 50 personas que se quedan fuera.
El Gobierno introduce medidas para proteger muchísimo a las 100 que ya están dentro.
Perfecto.
Pero las otras 50 siguen sin vivienda.
Y si las nuevas reglas hacen que algunos propietarios decidan:
🔴 vender
🔴 no alquilar
🔴 alquilar por otra vía
🔴 cambiar el uso de la vivienda
🔴 exigir más garantías
🔴 seleccionar todavía más cuidadosamente al inquilino
entonces podemos terminar con:
80 viviendas para 150 personas.
¿Quién ha salido perjudicado?
Precisamente el que todavía no tenía vivienda.
La paradoja del «sindicato de inquilinos»
Esta es probablemente la contradicción más importante de todas.
Un sindicato de inquilinos debería preocuparse especialmente por las personas que no consiguen entrar en el mercado del alquiler.
Pero algunas de las medidas que defiende pueden aumentar el riesgo percibido por quien pone una vivienda en alquiler.
Y cuando aumenta el riesgo, aumenta el precio del riesgo.
Si hay menos viviendas disponibles, los propietarios pueden elegir entre más candidatos.
Y cuando un propietario puede elegir entre veinte candidatos, escogerá normalmente al que considere más seguro.
El resultado puede ser más garantías.
Más requisitos.
Más competencia.
Y más dificultades para quien tiene un contrato laboral precario, pocos ahorros o ninguna garantía adicional.
Es decir:
una política diseñada para proteger al inquilino que ya está dentro puede terminar dificultando la entrada del inquilino que está fuera.
Y los propietarios también reaccionan
Aquí tampoco hace falta ser economista para entenderlo.
Un propietario no es una criatura diferente del resto de los ciudadanos.
Si percibe que alquilar una vivienda supone asumir cada vez más obligaciones, más incertidumbre y más dificultades para recuperarla, puede tomar una decisión muy sencilla:
no alquilarla.
Y cuanto más propietarios lleguen a esa conclusión, menor será la oferta.
De hecho, el FMI ha estudiado los efectos de la regulación catalana y recoge estimaciones que sitúan la reducción de la oferta de nuevos alquileres aproximadamente entre el 15 % y el 30 %, mientras la reducción de las rentas se situaría aproximadamente entre el 4 % y el 6 %, dependiendo del estudio.
Eso debería hacer reflexionar.
Porque significa que puedes conseguir una reducción relativamente pequeña del precio a costa de provocar una reducción mucho mayor de la oferta.
Y eso no es solucionar el mercado.
Es hacer que haya menos mercado.
Y entonces llega el propietario
Hay otra reacción que los promotores de estas medidas parecen olvidar.
El propietario también puede defenderse.
Si la ley permite recuperar la vivienda por necesidad propia o familiar, habrá propietarios que recurran a esa posibilidad.
Y habrá quienes hagan todo lo necesario dentro de la legalidad para evitar quedar atrapados en una relación contractual que consideran demasiado difícil de terminar.
La consecuencia puede ser perfectamente previsible:
menos alquiler tradicional y más propietarios buscando alternativas.
No porque los propietarios sean «malos».
Sino porque responden a los incentivos que crea la ley.
La economía funciona así.
Puedes insultar al propietario.
Puedes llamarlo rentista.
Puedes convertirlo en el enemigo.
Pero no puedes obligarlo indefinidamente a ofrecer un producto que considera demasiado arriesgado y esperar que la oferta permanezca intacta.
El problema de fondo
España necesita más viviendas.
No necesita una guerra contra los propietarios.
Necesita:
🟢 construir más
🟢 construir vivienda pública
🟢 liberar suelo
🟢 acelerar licencias
🟢 reducir burocracia
🟢 dar seguridad jurídica
🟢 incentivar el alquiler
🟢 movilizar vivienda vacía
🟢 facilitar que aparezcan nuevas viviendas en el mercado
Y sobre todo:
🟢 hacer que construir una vivienda sea más fácil, no más difícil.
Porque hay una diferencia fundamental entre ambas políticas.
Una política de oferta intenta que haya más viviendas.
Una política de control intenta repartir de otra manera las pocas viviendas que ya existen.
Y cuando tienes una escasez enorme, repartir mejor la escasez puede aliviar a algunos.
Pero no elimina la escasez.
La pregunta que deberían hacerse los que están buscando piso
No es:
«¿Quién protege más al inquilino que ya tiene contrato?»
Es:
«¿Qué política consigue que dentro de seis meses haya más viviendas disponibles para mí?»
Porque si hoy tienes un piso, estas medidas pueden darte más protección.
Pero si mañana tienes que buscar uno y han desaparecido miles de viviendas del mercado, la protección sobre el papel no te sirve absolutamente de nada.
Y esa es la contradicción que el movimiento de la vivienda no quiere afrontar.
Porque mientras hablan de proteger al inquilino, están convirtiendo al propietario en el enemigo.
Mientras reclaman más derechos, no explican cómo van a conseguir las viviendas que faltan.
Mientras hablan de vivienda asequible, llenan sus movilizaciones de consignas políticas que nada tienen que ver con construir viviendas.
Y mientras llaman fascista a medio país, pretenden convencernos de que ellos son los únicos que representan a la gente normal.
No.
Representan a una parte de la sociedad.
Una parte muy concreta.
Una parte que tiene derecho a protestar.
Pero exactamente el mismo derecho tiene el resto de los ciudadanos a decir que no quieren sus recetas.
Y, sobre todo, el ciudadano que está buscando un piso tiene derecho a preguntarse si estas medidas están pensadas realmente para conseguirle una vivienda o simplemente para proteger a quienes ya han conseguido una.
Y no, una encuesta que pregunte si la vivienda es un problema no demuestra que el 73 % de los españoles apoye esta huelga.
Eso es una trampa metodológica bastante evidente.
Si preguntas a un ciudadano si cree que la vivienda es un problema, es perfectamente previsible que la mayoría responda que sí. Lo que habría que preguntar es algo muy diferente.
¿Apoya usted las medidas concretas de estos decretos?
¿Apoya las renovaciones forzosas?
¿Apoya las prórrogas extraordinarias?
¿Apoya las restricciones al propietario para recuperar su vivienda?
¿Apoya que se dificulte la venta o el cambio de uso?
¿Apoya que una organización política como el Sindicato de Inquilinas dirija una huelga para imponer esas medidas?
¿Apoya el discurso y los métodos de quienes están organizando las movilizaciones?
Eso es lo que no pregunta esa encuesta.
Por tanto, utilizar aquel 73 % para afirmar que «la mayoría de los españoles apoya la huelga» es, como mínimo, una conclusión que la propia pregunta no permite obtener.
¿Quién está realmente detrás?
Aquí la fotografía es bastante distinta.
El PSOE no debe aparecer en la lista de partidos que apoyan la huelga. El PSOE y el Gobierno son precisamente uno de los objetivos de la presión de este movimiento.
Quienes han respaldado explícitamente la convocatoria desde el ámbito político estatal son, fundamentalmente, Podemos, mientras que organizaciones como CGT están impulsando la huelga y otras organizaciones de la izquierda radical participan activamente en la movilización.
Podemos obtuvo un 2,7 % en el último sondeo 40dB.
Eso no significa que solamente el 2,7 % de los españoles apoye la huelga. Pero sí permite poner las cosas en su sitio.
La convocatoria no procede de los principales partidos españoles ni de las grandes organizaciones sindicales. Procede de un espacio político y social muy concreto.
Y ese espacio tampoco puede presentarse como una representación neutral de todos los inquilinos.
Porque entre quienes están impulsando la movilización encontramos al Sindicato de Estudiantes, una organización que no es precisamente un sindicato de trabajadores y cuya actividad política está claramente situada en la izquierda radical.
Su propio discurso es suficientemente explícito.
«No sobran migrantes, sobran fascistas».
Ese es el ambiente político en el que se está construyendo esta movilización.
Y aquí aparece otra contradicción.
Se presenta la protesta como una lucha transversal por la vivienda, pero al mismo tiempo se etiqueta como fascista a cualquiera que no comparta la visión política de sus organizadores.
¿Quién es el fascista?
En las últimas movilizaciones hemos visto a personas expulsadas de espacios de protesta por ser señaladas como «fascistas».
Hemos visto periodistas y personas que acudían a informar convertidos en objetivos de los manifestantes.
Hemos escuchado consignas de «fuera fascistas».
Y hemos visto cómo la palabra fascista se utiliza de manera cada vez más indiscriminada contra personas de derechas y centro derecha.
Esto es importante.
Porque cuando un movimiento político llama fascista prácticamente a cualquiera que discrepe de él, la palabra deja de servir para identificar una ideología concreta y se convierte en una herramienta para deshumanizar políticamente al adversario.
Y no hace falta imaginar cuántas personas están siendo metidas en ese saco.
El último sondeo disponible sitúa conjuntamente a PP y Vox en torno al 50 % del voto.
No significa que el 50 % de España sea fascista.
Significa precisamente lo contrario.
La inmensa mayoría de las personas a las que estos grupos meten en el saco de los «fascistas» son ciudadanos normales que votan a partidos de derechas o centro derecha.
No son fascistas.
No son violentos.
No son enemigos de la democracia.
Y no necesitan que una organización de extrema izquierda les conceda permiso para estar en una plaza pública.
Y entonces aparecen las imágenes
Aquí es donde la discusión deja de ser una simple discrepancia sobre política de vivienda.
En la Puerta del Sol se han visto ataúdes de cartón con la imagen de Isabel Díaz Ayuso.
Se han mostrado representaciones extremadamente violentas contra dirigentes políticos.
Se ha proyectado sobre un edificio institucional el mensaje:
«Ayuso, Almeida, iros a la mierda».
Y se han utilizado imágenes de dirigentes políticos representados de una manera que no puede calificarse simplemente como una discrepancia política normal.
¿Es necesario esperar a que un juez dicte una sentencia para poder decir que determinadas imágenes pueden constituir un grave caso de incitación al odio o de violencia simbólica contra adversarios políticos?
No.
Una sentencia determina una responsabilidad penal.
No determina si una conducta es objetivamente grave, intimidatoria o susceptible de constituir un delito.
Si alguien coloca una representación violenta de un político y pide combatir a quienes considera fascistas, lo mínimo que merece es una investigación seria.
No blanquearlo diciendo que «es simplemente protesta».
Y hay algo más que tampoco debería ocultarse
En las movilizaciones aparecen símbolos y organizaciones que nada tienen que ver con encontrar una vivienda.
En las imágenes de estas protestas aparecen banderas y simbología de Samidoun.
No estoy diciendo que todos los manifestantes sean miembros de Samidoun.
No estoy diciendo que el Sindicato de Inquilinas sea Samidoun.
Estoy diciendo algo mucho más sencillo:
hay simbología de una organización con un historial y unas vinculaciones con el entorno propalestino más radical que han provocado su designación como organización terrorista por Estados Unidos y Canadá y su prohibición en Alemania.
Eso forma parte de la realidad de la movilización.
Y ocultarlo porque resulta incómodo para el relato de quienes protestan sería exactamente lo contrario de hacer periodismo o análisis.
También aparecen banderas palestinas, símbolos comunistas, consignas revolucionarias y organizaciones que han convertido la protesta por la vivienda en una batalla política mucho más amplia.
Por eso no estamos ante una simple asociación de vecinos reclamando alquileres más baratos.
Estamos ante un movimiento político con una agenda mucho más amplia que la vivienda.
El verdadero problema está en los decretos
Y aquí es donde, para mí, está la parte más importante.
Porque incluso aunque eliminásemos de la ecuación todas las banderas, todos los radicales y todos los enfrentamientos políticos, los decretos seguirían siendo una mala solución al problema de la vivienda.
¿Por qué?
Porque no solucionan el problema fundamental.
No hay suficientes viviendas.
Y en los decretos no aparece una solución equivalente a la magnitud del problema.
No existe un gigantesco programa de construcción que vaya a poner cientos de miles de viviendas nuevas en el mercado.
No se resuelve la falta de suelo.
No se construye a la velocidad necesaria.
No se eliminan los enormes obstáculos administrativos.
No se crea de repente un parque público capaz de absorber la demanda.
En cambio, se interviene sobre los contratos existentes.
Se amplían las protecciones.
Se introducen prórrogas.
Se limita la capacidad del propietario para recuperar su vivienda.
Y en determinados supuestos se establece incluso una indemnización de hasta 12 mensualidades cuando el propietario decide no continuar.
Es decir.
Se regula con enorme intensidad el poco mercado que ya tenemos mientras seguimos sin crear suficiente vivienda nueva.
¿A quién protege realmente?
Aquí está la pregunta que nadie parece querer hacerse.
Supongamos que tenemos 100 viviendas disponibles y 150 personas buscando vivienda.
Hay 50 personas que se quedan fuera.
El Gobierno introduce medidas para proteger muchísimo a las 100 que ya están dentro.
Perfecto.
Pero las otras 50 siguen sin vivienda.
Y si las nuevas reglas hacen que algunos propietarios decidan:
🔴 vender
🔴 no alquilar
🔴 alquilar por otra vía
🔴 cambiar el uso de la vivienda
🔴 exigir más garantías
🔴 seleccionar todavía más cuidadosamente al inquilino
entonces podemos terminar con:
80 viviendas para 150 personas.
¿Quién ha salido perjudicado?
Precisamente el que todavía no tenía vivienda.
La paradoja del «sindicato de inquilinos»
Esta es probablemente la contradicción más importante de todas.
Un sindicato de inquilinos debería preocuparse especialmente por las personas que no consiguen entrar en el mercado del alquiler.
Pero algunas de las medidas que defiende pueden aumentar el riesgo percibido por quien pone una vivienda en alquiler.
Y cuando aumenta el riesgo, aumenta el precio del riesgo.
Si hay menos viviendas disponibles, los propietarios pueden elegir entre más candidatos.
Y cuando un propietario puede elegir entre veinte candidatos, escogerá normalmente al que considere más seguro.
El resultado puede ser más garantías.
Más requisitos.
Más competencia.
Y más dificultades para quien tiene un contrato laboral precario, pocos ahorros o ninguna garantía adicional.
Es decir:
una política diseñada para proteger al inquilino que ya está dentro puede terminar dificultando la entrada del inquilino que está fuera.
Y los propietarios también reaccionan
Aquí tampoco hace falta ser economista para entenderlo.
Un propietario no es una criatura diferente del resto de los ciudadanos.
Si percibe que alquilar una vivienda supone asumir cada vez más obligaciones, más incertidumbre y más dificultades para recuperarla, puede tomar una decisión muy sencilla:
no alquilarla.
Y cuanto más propietarios lleguen a esa conclusión, menor será la oferta.
De hecho, el FMI ha estudiado los efectos de la regulación catalana y recoge estimaciones que sitúan la reducción de la oferta de nuevos alquileres aproximadamente entre el 15 % y el 30 %, mientras la reducción de las rentas se situaría aproximadamente entre el 4 % y el 6 %, dependiendo del estudio.
Eso debería hacer reflexionar.
Porque significa que puedes conseguir una reducción relativamente pequeña del precio a costa de provocar una reducción mucho mayor de la oferta.
Y eso no es solucionar el mercado.
Es hacer que haya menos mercado.
Y entonces llega el propietario
Hay otra reacción que los promotores de estas medidas parecen olvidar.
El propietario también puede defenderse.
Si la ley permite recuperar la vivienda por necesidad propia o familiar, habrá propietarios que recurran a esa posibilidad.
Y habrá quienes hagan todo lo necesario dentro de la legalidad para evitar quedar atrapados en una relación contractual que consideran demasiado difícil de terminar.
La consecuencia puede ser perfectamente previsible:
menos alquiler tradicional y más propietarios buscando alternativas.
No porque los propietarios sean «malos».
Sino porque responden a los incentivos que crea la ley.
La economía funciona así.
Puedes insultar al propietario.
Puedes llamarlo rentista.
Puedes convertirlo en el enemigo.
Pero no puedes obligarlo indefinidamente a ofrecer un producto que considera demasiado arriesgado y esperar que la oferta permanezca intacta.
El problema de fondo
España necesita más viviendas.
No necesita una guerra contra los propietarios.
Necesita:
🟢 construir más
🟢 construir vivienda pública
🟢 liberar suelo
🟢 acelerar licencias
🟢 reducir burocracia
🟢 dar seguridad jurídica
🟢 incentivar el alquiler
🟢 movilizar vivienda vacía
🟢 facilitar que aparezcan nuevas viviendas en el mercado
Y sobre todo:
🟢 hacer que construir una vivienda sea más fácil, no más difícil.
Porque hay una diferencia fundamental entre ambas políticas.
Una política de oferta intenta que haya más viviendas.
Una política de control intenta repartir de otra manera las pocas viviendas que ya existen.
Y cuando tienes una escasez enorme, repartir mejor la escasez puede aliviar a algunos.
Pero no elimina la escasez.
La pregunta que deberían hacerse los que están buscando piso
No es:
«¿Quién protege más al inquilino que ya tiene contrato?»
Es:
«¿Qué política consigue que dentro de seis meses haya más viviendas disponibles para mí?»
Porque si hoy tienes un piso, estas medidas pueden darte más protección.
Pero si mañana tienes que buscar uno y han desaparecido miles de viviendas del mercado, la protección sobre el papel no te sirve absolutamente de nada.
Y esa es la contradicción que el movimiento de la vivienda no quiere afrontar.
Porque mientras hablan de proteger al inquilino, están convirtiendo al propietario en el enemigo.
Mientras reclaman más derechos, no explican cómo van a conseguir las viviendas que faltan.
Mientras hablan de vivienda asequible, llenan sus movilizaciones de consignas políticas que nada tienen que ver con construir viviendas.
Y mientras llaman fascista a medio país, pretenden convencernos de que ellos son los únicos que representan a la gente normal.
No.
Representan a una parte de la sociedad.
Una parte muy concreta.
Una parte que tiene derecho a protestar.
Pero exactamente el mismo derecho tiene el resto de los ciudadanos a decir que no quieren sus recetas.
Y, sobre todo, el ciudadano que está buscando un piso tiene derecho a preguntarse si estas medidas están pensadas realmente para conseguirle una vivienda o simplemente para proteger a quienes ya han conseguido una.