Marruecos lleva 70 años reclamando Ceuta y Melilla, y la crisis de...
El Equidistante@elequidistante
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Aug 08, 2026
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1
Marruecos lleva 70 años reclamando Ceuta y Melilla, y la crisis de estas semanas ha vuelto a poner esa reclamación encima de la mesa.
La historia y la cronología de este caso particular ya os la conté hace unos días. Tenía preparado un capitulo hace tiempo para mi difunto podcast que, al hilo de Israel y Palestina, trataba la pregunta de fondo, la que nadie sabe responder: ¿de quién es la tierra?
También he visto como en alguna respuesta a algún post que escribí se empezó a generar un debate en torno al referéndum de Cataluña, el de Gibraltar… así que me he animado a hacer este hilo.
¿Qué hace falta exactamente para poder decir "este territorio es mío"?
¿Cómo podríamos obtener un resultado satisfactorio cuando hay conflictos territoriales?
Atención porque se se viene turra importante.
Pido perdón de antemano. 🧵
La historia y la cronología de este caso particular ya os la conté hace unos días. Tenía preparado un capitulo hace tiempo para mi difunto podcast que, al hilo de Israel y Palestina, trataba la pregunta de fondo, la que nadie sabe responder: ¿de quién es la tierra?
También he visto como en alguna respuesta a algún post que escribí se empezó a generar un debate en torno al referéndum de Cataluña, el de Gibraltar… así que me he animado a hacer este hilo.
¿Qué hace falta exactamente para poder decir "este territorio es mío"?
¿Cómo podríamos obtener un resultado satisfactorio cuando hay conflictos territoriales?
Atención porque se se viene turra importante.
Pido perdón de antemano. 🧵
2
La pregunta no es simplemente filosófica o digna de ser estudiada en la universidad. Es la pregunta que en la práctica hay detrás de reclamaciones como la de Ceuta y Melilla, Cataluña, País Vasco, Kosovo, y por supuesto también Israel y Palestina.
Y muchísimos territorios más claro, no me da para abarcar todos en un hilo.
Como casi nadie la responde en serio, cada nacionalismo la responde a su manera: con la respuesta que le conviene.
Así que me puse a leer cosas variadas para encontrar una respuesta posible, o por lo menos para aclarar mis ideas.
Empecemos por un experimento mental. Mallorca, año 2200. Los alemanes llevan seis generaciones en la isla. Compran casas, montan negocios, tienen hijos, pagan impuestos, votan.
Un día son mayoría y convocan un referéndum de independencia. ¿Se la damos?
Si tu respuesta es "no, qué disparate", párate un segundo en el porqué.
Los alemanes de Mallorca cumplen todo lo que el derecho a decidir exige: mayoría en un territorio y voluntad de irse.
Si aun así te chirría, es porque crees que ser mayoría no basta, que hace falta algo más: ser un pueblo de verdad, llevar siglos, tener historia.
Que es exactamente lo que contesta un independentista catalán si le pones este ejemplo: nosotros somos una nación, esos serían colonos.
Fíjate en la jugada: para salvar el derecho a decidir ha tenido que agarrarse a la historia.
Apunta eso, que volveremos.
Y si tu respuesta es "sí, son mayoría, que voten", enhorabuena: acabas de regalarle Ceuta a Marruecos el día que consiga cambiar la demografía de la ciudad.
Que es, por cierto, una de las cosas que se juegan con la frontera.
Si las dos respuestas no te gustan, bien. De eso va este hilo. Todas las formas de justificar que un territorio pertenece a alguien caben en tres familias, y las tres tienen sus peros.
La primera: estuvimos antes. La historia como título de propiedad. Es el argumento de Rabat con Ceuta y de medio planeta con todo.
La segunda: somos mayoría y lo queremos. El famoso derecho a decidir.
La tercera es distinta: da igual quién estuvo antes y da igual quién es mayoría.
Lo que importa es si las instituciones que gobiernan ese territorio protegen los derechos de la gente que vive allí hoy.
Si los protegen, son legítimas. Si no, no.
Voy a hablaros de las tres.
Y muchísimos territorios más claro, no me da para abarcar todos en un hilo.
Como casi nadie la responde en serio, cada nacionalismo la responde a su manera: con la respuesta que le conviene.
Así que me puse a leer cosas variadas para encontrar una respuesta posible, o por lo menos para aclarar mis ideas.
Empecemos por un experimento mental. Mallorca, año 2200. Los alemanes llevan seis generaciones en la isla. Compran casas, montan negocios, tienen hijos, pagan impuestos, votan.
Un día son mayoría y convocan un referéndum de independencia. ¿Se la damos?
Si tu respuesta es "no, qué disparate", párate un segundo en el porqué.
Los alemanes de Mallorca cumplen todo lo que el derecho a decidir exige: mayoría en un territorio y voluntad de irse.
Si aun así te chirría, es porque crees que ser mayoría no basta, que hace falta algo más: ser un pueblo de verdad, llevar siglos, tener historia.
Que es exactamente lo que contesta un independentista catalán si le pones este ejemplo: nosotros somos una nación, esos serían colonos.
Fíjate en la jugada: para salvar el derecho a decidir ha tenido que agarrarse a la historia.
Apunta eso, que volveremos.
Y si tu respuesta es "sí, son mayoría, que voten", enhorabuena: acabas de regalarle Ceuta a Marruecos el día que consiga cambiar la demografía de la ciudad.
Que es, por cierto, una de las cosas que se juegan con la frontera.
Si las dos respuestas no te gustan, bien. De eso va este hilo. Todas las formas de justificar que un territorio pertenece a alguien caben en tres familias, y las tres tienen sus peros.
La primera: estuvimos antes. La historia como título de propiedad. Es el argumento de Rabat con Ceuta y de medio planeta con todo.
La segunda: somos mayoría y lo queremos. El famoso derecho a decidir.
La tercera es distinta: da igual quién estuvo antes y da igual quién es mayoría.
Lo que importa es si las instituciones que gobiernan ese territorio protegen los derechos de la gente que vive allí hoy.
Si los protegen, son legítimas. Si no, no.
Voy a hablaros de las tres.
3
Empiezo por una confusión por la que empieza todo: propiedad y soberanía no son lo mismo, y el nacionalismo vive de mezclarlas.
Tu casa es tuya. Tu finca es tuya. Pero si mañana compras media isla de Mallorca, no te conviertes en Estado: no puedes poner una aduana en el portal, ni cobrar impuestos a tus vecinos, ni darles pasaportes.
La propiedad protege lo tuyo frente a los demás.
La soberanía es otra cosa: el poder de hacer leyes que obligan a todos.
Cuando alguien dice "esta tierra es nuestra" hablando de un pueblo, está saltando de un plano al otro.
Pero es que eso viene de lejos.
John Locke, uno de los padres del liberalismo, escribió la teoría de la propiedad más influyente de la historia: la tierra no es de nadie hasta que alguien mezcla su trabajo con ella.
La desbrozas, la cultivas, la cercas, y ese esfuerzo la hace tuya.
De ahí bebe la Constitución americana y de ahí bebe el agricultor que dice "esta tierra es mía porque la trabajó mi abuelo".
La intuición no es mala. El problema aparece cuando la estiramos: ¿cuánto dura ese título? ¿Se hereda para siempre? ¿Y si otro la trabaja encima durante tres generaciones?
Locke fundó la propiedad privada, pero no resolvió el problema de la tierra de los pueblos.
Y luego está el problema gordo, el de "estuvimos antes".
Uno de los pensadores que ha hablado de esto es Jeremy Waldron.
En 1992 publicó un artículo que todavía escuece, Superseding Historic Injustice.
Su tesis: las injusticias históricas pueden ser perfectamente reales y, aun así, caducar.
No porque el tiempo limpie o borre nada, sino porque sobre esa tierra han nacido generaciones enteras con vidas, negocios y expectativas tan legítimas como las de los desposeídos de entonces.
Reparar el mapa de hace 500 años exige cometer hoy una injusticia nueva contra gente que no robó nada a nadie. La historia explica muchas cosas pero no da títulos de propiedad eternos.
Y menos mal, porque si el criterio es "estar antes", esto no acaba nunca.
¿España para los íberos? ¿Para los romanos? ¿Para los visigodos?
Siempre hubo alguien antes.
Ahora aplícalo a Ceuta.
Melilla es española desde 1497, cinco años después de la toma de Granada y antes de que Navarra entrara en la Corona de Castilla. Ceuta es portuguesa desde 1415 y pasa a la corona española en 1580.
Y ojo al detalle de 1640: cuando Portugal se separa de España, Ceuta puede elegir bando y elige quedarse con el rey español. Portugal lo acepta por tratado en 1668.
La dinastía alauí que hoy la reclama llega al poder en 1666, con Ceuta ya bajo soberanía española, y el Estado marroquí moderno nace en 1956.
¿Y antes de los portugueses? Otras dinastías: benimerines, almohades, almorávides.
¿Y antes? El califato de Córdoba. ¿Y antes? Bizancio, vándalos, Roma, Cartago y los fenicios que la fundaron.
En la subasta de la antigüedad cada uno elige el siglo en el que iba ganando: Rabat se queda con los benimerines, Madrid con 1580 y un romano se lo llevaría prácticamente todo.
Por eso el historicismo no es un argumento: es una subasta de antigüedades donde siempre aparece un postor más viejo.
Marruecos lo sabe. Por eso en 1975 intentó colar Ceuta y Melilla en la lista de territorios pendientes de descolonización de la ONU, y la ONU dijo que no.
Nunca han estado en esa lista.
Tu casa es tuya. Tu finca es tuya. Pero si mañana compras media isla de Mallorca, no te conviertes en Estado: no puedes poner una aduana en el portal, ni cobrar impuestos a tus vecinos, ni darles pasaportes.
La propiedad protege lo tuyo frente a los demás.
La soberanía es otra cosa: el poder de hacer leyes que obligan a todos.
Cuando alguien dice "esta tierra es nuestra" hablando de un pueblo, está saltando de un plano al otro.
Pero es que eso viene de lejos.
John Locke, uno de los padres del liberalismo, escribió la teoría de la propiedad más influyente de la historia: la tierra no es de nadie hasta que alguien mezcla su trabajo con ella.
La desbrozas, la cultivas, la cercas, y ese esfuerzo la hace tuya.
De ahí bebe la Constitución americana y de ahí bebe el agricultor que dice "esta tierra es mía porque la trabajó mi abuelo".
La intuición no es mala. El problema aparece cuando la estiramos: ¿cuánto dura ese título? ¿Se hereda para siempre? ¿Y si otro la trabaja encima durante tres generaciones?
Locke fundó la propiedad privada, pero no resolvió el problema de la tierra de los pueblos.
Y luego está el problema gordo, el de "estuvimos antes".
Uno de los pensadores que ha hablado de esto es Jeremy Waldron.
En 1992 publicó un artículo que todavía escuece, Superseding Historic Injustice.
Su tesis: las injusticias históricas pueden ser perfectamente reales y, aun así, caducar.
No porque el tiempo limpie o borre nada, sino porque sobre esa tierra han nacido generaciones enteras con vidas, negocios y expectativas tan legítimas como las de los desposeídos de entonces.
Reparar el mapa de hace 500 años exige cometer hoy una injusticia nueva contra gente que no robó nada a nadie. La historia explica muchas cosas pero no da títulos de propiedad eternos.
Y menos mal, porque si el criterio es "estar antes", esto no acaba nunca.
¿España para los íberos? ¿Para los romanos? ¿Para los visigodos?
Siempre hubo alguien antes.
Ahora aplícalo a Ceuta.
Melilla es española desde 1497, cinco años después de la toma de Granada y antes de que Navarra entrara en la Corona de Castilla. Ceuta es portuguesa desde 1415 y pasa a la corona española en 1580.
Y ojo al detalle de 1640: cuando Portugal se separa de España, Ceuta puede elegir bando y elige quedarse con el rey español. Portugal lo acepta por tratado en 1668.
La dinastía alauí que hoy la reclama llega al poder en 1666, con Ceuta ya bajo soberanía española, y el Estado marroquí moderno nace en 1956.
¿Y antes de los portugueses? Otras dinastías: benimerines, almohades, almorávides.
¿Y antes? El califato de Córdoba. ¿Y antes? Bizancio, vándalos, Roma, Cartago y los fenicios que la fundaron.
En la subasta de la antigüedad cada uno elige el siglo en el que iba ganando: Rabat se queda con los benimerines, Madrid con 1580 y un romano se lo llevaría prácticamente todo.
Por eso el historicismo no es un argumento: es una subasta de antigüedades donde siempre aparece un postor más viejo.
Marruecos lo sabe. Por eso en 1975 intentó colar Ceuta y Melilla en la lista de territorios pendientes de descolonización de la ONU, y la ONU dijo que no.
Nunca han estado en esa lista.
4
Segunda familia: somos mayoría y lo queremos.
El famoso derecho a decidir.
Suena tan democrático que da cosilla hasta discutirlo, así que vamos a discutirlo.
Uno de sus principales defensores es Christopher Wellman, filósofo americano.
Su teoría es el divorcio de mutuo acuerdo: si una mayoría territorial quiere irse, y tanto el Estado que se va como el que se queda pueden seguir funcionando, cobrar impuestos, dar servicios, proteger derechos, déjalos marchar.
Sin exigir para ello que haya previamente agravios ni opresión. Basta con querer.
El agujero de la teoría tiene nombre técnico, el problema del demos, y explicación de bar: ¿quién vota?
El ejemplo es Cataluña.
Si votan solo los catalanes, sale una cosa.
Si vota toda España, sale otra.
Si votara solo el Ampurdán, otra distinta.
Elegir el censo es elegir el resultado. Y el que dibuja el censo a su medida no está ejerciendo la democracia: está haciéndose trampas al solitario con las cartas de todos.
Por eso "derecho a decidir" es un eslogan brillante y una teoría pésima: esconde la única pregunta que importa, que es quién decide quién decide.
La versión más radical de esta familia es libertaria.
Mises escribió que el derecho de autodeterminación, si fuera practicable, debería llegar hasta el individuo: cada persona eligiendo jurisdicción,
Estados compitiendo por ciudadanos como las empresas compiten por clientes. Rothbard directamente defendía que se separase quien quisiera.
Me encanta la idea: ese derecho es de los habitantes, no de las naciones. Individual y hasta abajo.
Si Cataluña puede irse de España, el Ampurdán puede irse de Cataluña, y la escalera de vecinos de un edificio de Tarragona también declarar su independencia.
Obviamente esto es atractivo conceptualmente, pero no es útil para ordenar una sociedad que requiere cierto nivel de coordinación.
Pero en oposición, el nacionalismo hace justo lo contrario: colectiviza la salida, arrastra a los que no quieren y corta la recursión en el escalón exacto donde tiene mayoría.
Hay una versión más exigente que la de Wellman: la de Allen Buchanan, el gran teórico de la secesión, autor del libro de referencia sobre el tema desde 1991.
Para Buchanan separarse no es un derecho general, es un remedio. Como la legítima defensa: no puedes pegarle a alguien porque te apetezca, pero sí si te está agrediendo.
Un territorio no puede irse porque le apetezca, pero sí, como último recurso, cuando el Estado lo persigue, lo expulsa o le niega derechos básicos de forma grave y sostenida.
Primero se intenta arreglar por dentro. El establecer nuevas fronteras es la última casilla, no la primera.
Fíjate en lo que acaba de pasar: la versión “seria” de la autodeterminación ya no habla de identidad ni de mayorías. Habla de derechos vulnerados. Para sostenerse en pie, la segunda teoría tiene que apoyarse en la tercera.
Y la tercera es muy buena. Margaret Moore y Anna Stilz, dos de las filósofas políticas más importantes de la última década, escribieron cada una su libro sobre el territorio y llegaron al mismo sitio: la pregunta correcta no es de quién fue la tierra ni cuántos son los que la reclaman.
Es básicamente qué hacen hoy las instituciones que la gobiernan.
Si garantizan seguridad, libertad, propiedad, igualdad ante la ley y voz política a todos los que viven allí, son legítimas, y la carga de la prueba recae en quien quiere romper.
Si no lo hacen, lo primero es arreglarlas, y solo si es imposible se abre la puerta de Buchanan.
La soberanía, mirada así, no es un premio a la identidad ni a la antigüedad. Es un deber de las instituciones hacia las personas. Se tiene mientras se cumple.
Con esto ya tenemos un filtro completo que podemos aplicar a los territorios.
Lo llamaré el filtro liberal.
El famoso derecho a decidir.
Suena tan democrático que da cosilla hasta discutirlo, así que vamos a discutirlo.
Uno de sus principales defensores es Christopher Wellman, filósofo americano.
Su teoría es el divorcio de mutuo acuerdo: si una mayoría territorial quiere irse, y tanto el Estado que se va como el que se queda pueden seguir funcionando, cobrar impuestos, dar servicios, proteger derechos, déjalos marchar.
Sin exigir para ello que haya previamente agravios ni opresión. Basta con querer.
El agujero de la teoría tiene nombre técnico, el problema del demos, y explicación de bar: ¿quién vota?
El ejemplo es Cataluña.
Si votan solo los catalanes, sale una cosa.
Si vota toda España, sale otra.
Si votara solo el Ampurdán, otra distinta.
Elegir el censo es elegir el resultado. Y el que dibuja el censo a su medida no está ejerciendo la democracia: está haciéndose trampas al solitario con las cartas de todos.
Por eso "derecho a decidir" es un eslogan brillante y una teoría pésima: esconde la única pregunta que importa, que es quién decide quién decide.
La versión más radical de esta familia es libertaria.
Mises escribió que el derecho de autodeterminación, si fuera practicable, debería llegar hasta el individuo: cada persona eligiendo jurisdicción,
Estados compitiendo por ciudadanos como las empresas compiten por clientes. Rothbard directamente defendía que se separase quien quisiera.
Me encanta la idea: ese derecho es de los habitantes, no de las naciones. Individual y hasta abajo.
Si Cataluña puede irse de España, el Ampurdán puede irse de Cataluña, y la escalera de vecinos de un edificio de Tarragona también declarar su independencia.
Obviamente esto es atractivo conceptualmente, pero no es útil para ordenar una sociedad que requiere cierto nivel de coordinación.
Pero en oposición, el nacionalismo hace justo lo contrario: colectiviza la salida, arrastra a los que no quieren y corta la recursión en el escalón exacto donde tiene mayoría.
Hay una versión más exigente que la de Wellman: la de Allen Buchanan, el gran teórico de la secesión, autor del libro de referencia sobre el tema desde 1991.
Para Buchanan separarse no es un derecho general, es un remedio. Como la legítima defensa: no puedes pegarle a alguien porque te apetezca, pero sí si te está agrediendo.
Un territorio no puede irse porque le apetezca, pero sí, como último recurso, cuando el Estado lo persigue, lo expulsa o le niega derechos básicos de forma grave y sostenida.
Primero se intenta arreglar por dentro. El establecer nuevas fronteras es la última casilla, no la primera.
Fíjate en lo que acaba de pasar: la versión “seria” de la autodeterminación ya no habla de identidad ni de mayorías. Habla de derechos vulnerados. Para sostenerse en pie, la segunda teoría tiene que apoyarse en la tercera.
Y la tercera es muy buena. Margaret Moore y Anna Stilz, dos de las filósofas políticas más importantes de la última década, escribieron cada una su libro sobre el territorio y llegaron al mismo sitio: la pregunta correcta no es de quién fue la tierra ni cuántos son los que la reclaman.
Es básicamente qué hacen hoy las instituciones que la gobiernan.
Si garantizan seguridad, libertad, propiedad, igualdad ante la ley y voz política a todos los que viven allí, son legítimas, y la carga de la prueba recae en quien quiere romper.
Si no lo hacen, lo primero es arreglarlas, y solo si es imposible se abre la puerta de Buchanan.
La soberanía, mirada así, no es un premio a la identidad ni a la antigüedad. Es un deber de las instituciones hacia las personas. Se tiene mientras se cumple.
Con esto ya tenemos un filtro completo que podemos aplicar a los territorios.
Lo llamaré el filtro liberal.
5
El filtro liberal, en cinco preguntas. Vale para cualquier disputa territorial del mundo.
1. ¿Los que viven allí consienten? ¿Votan, cambian gobiernos, viven en libertad?
2. ¿Hay opresión grave y sostenida?
3. ¿Qué pasa con la minoría que no quiere el cambio?
4. ¿Se hace dentro de la ley?
5. ¿El Estado del día después sería de ciudadanos iguales, o un club donde ser del grupo da ventaja?
Pasemos Ceuta.
Consentimiento: los ceutíes son ciudadanos españoles con todos los derechos. Votan, tienen Asamblea propia desde el Estatuto del 95 y rechazan la anexión de forma abrumadora cada vez que se les pregunta.
Opresión: ninguna. Un ceutí tiene exactamente los mismos derechos que un vecino de Cuenca. Incluidos los miles de ceutíes musulmanes, que son tan españoles como el resto y a los que Rabat da por descontados como si fueran suyos. No lo son.
La minoría: la anexión crearía justo el problema que dice resolver. 83.000 españoles metidos a la fuerza en un Estado que no eligieron, y con bastantes menos derechos de los que tienen hoy.
Legalidad: la ONU no considera Ceuta y Melilla territorios pendientes de descolonización.
Marruecos lo intentó en 1975 y fue desestimado. En 70 años, la ONU no le ha dado la razón ni una vez. Ni los ceutíes, vuelvo a repetir, quieren irse.
Privilegios: la pregunta del día después. Si el cambio triunfa, ¿la ley trata igual a todos o pertenecer al grupo da ventaja?
Hazle la prueba a Ceuta. El día después de la anexión, ¿un ceutí musulmán, uno cristiano y uno judío serían iguales ante la ley? No.
Marruecos tiene religión oficial, y reglas de familia y herencia distintas según tu fe.
Y fuera del filtro queda el único argumento que Rabat repite aparte del histórico, el geográfico: "está pegado a nosotros".
Con ese criterio Portugal es español, Canadá es americano y Suiza se la reparten cuatro. La contigüidad no es un título, es un mapa.
En definitiva: la reclamación marroquí suspende las cinco preguntas.
Ni una causa de descolonización, ni nada. Es nacionalismo expansivo y nada más.
Y ahora la parte que no gusta en Madrid: el mismo filtro vale para Gibraltar. Los llanitos votaron en 2002 y el 98,97% rechazó hasta la soberanía compartida.
Aquí alguien dirá: ¿no habíamos quedado en que ser mayoría no da títulos? Correcto.
Pero fíjate en lo que pide cada uno. Los llanitos no quieren romper nada ni llevarse a nadie: se niegan a que los entreguen a otro Estado contra su voluntad. Los ceutíes, igual.
El procés pedía lo contrario: usar una mayoría para romper el Estado y arrastrar dentro a la mitad que no quería.
Negarse a ser entregado no necesita más justificación que ser grado como persona y no como mercancía.
Romper y arrastrar sí la necesita.
España lleva décadas agarrada a que Gibraltar figura en la lista de descolonización de la ONU. Y es cierto, tan cierto como que los británicos han incumplido el Tratado de Utrecht.
Pero da igual: si defiendes Ceuta con la voluntad de su gente, no puedes reclamar Gibraltar contra la voluntad de la suya. Y por eso mientras eso siga así, Gibraltar no será Español
El listón es el mismo para todos o no sirve.
1. ¿Los que viven allí consienten? ¿Votan, cambian gobiernos, viven en libertad?
2. ¿Hay opresión grave y sostenida?
3. ¿Qué pasa con la minoría que no quiere el cambio?
4. ¿Se hace dentro de la ley?
5. ¿El Estado del día después sería de ciudadanos iguales, o un club donde ser del grupo da ventaja?
Pasemos Ceuta.
Consentimiento: los ceutíes son ciudadanos españoles con todos los derechos. Votan, tienen Asamblea propia desde el Estatuto del 95 y rechazan la anexión de forma abrumadora cada vez que se les pregunta.
Opresión: ninguna. Un ceutí tiene exactamente los mismos derechos que un vecino de Cuenca. Incluidos los miles de ceutíes musulmanes, que son tan españoles como el resto y a los que Rabat da por descontados como si fueran suyos. No lo son.
La minoría: la anexión crearía justo el problema que dice resolver. 83.000 españoles metidos a la fuerza en un Estado que no eligieron, y con bastantes menos derechos de los que tienen hoy.
Legalidad: la ONU no considera Ceuta y Melilla territorios pendientes de descolonización.
Marruecos lo intentó en 1975 y fue desestimado. En 70 años, la ONU no le ha dado la razón ni una vez. Ni los ceutíes, vuelvo a repetir, quieren irse.
Privilegios: la pregunta del día después. Si el cambio triunfa, ¿la ley trata igual a todos o pertenecer al grupo da ventaja?
Hazle la prueba a Ceuta. El día después de la anexión, ¿un ceutí musulmán, uno cristiano y uno judío serían iguales ante la ley? No.
Marruecos tiene religión oficial, y reglas de familia y herencia distintas según tu fe.
Y fuera del filtro queda el único argumento que Rabat repite aparte del histórico, el geográfico: "está pegado a nosotros".
Con ese criterio Portugal es español, Canadá es americano y Suiza se la reparten cuatro. La contigüidad no es un título, es un mapa.
En definitiva: la reclamación marroquí suspende las cinco preguntas.
Ni una causa de descolonización, ni nada. Es nacionalismo expansivo y nada más.
Y ahora la parte que no gusta en Madrid: el mismo filtro vale para Gibraltar. Los llanitos votaron en 2002 y el 98,97% rechazó hasta la soberanía compartida.
Aquí alguien dirá: ¿no habíamos quedado en que ser mayoría no da títulos? Correcto.
Pero fíjate en lo que pide cada uno. Los llanitos no quieren romper nada ni llevarse a nadie: se niegan a que los entreguen a otro Estado contra su voluntad. Los ceutíes, igual.
El procés pedía lo contrario: usar una mayoría para romper el Estado y arrastrar dentro a la mitad que no quería.
Negarse a ser entregado no necesita más justificación que ser grado como persona y no como mercancía.
Romper y arrastrar sí la necesita.
España lleva décadas agarrada a que Gibraltar figura en la lista de descolonización de la ONU. Y es cierto, tan cierto como que los británicos han incumplido el Tratado de Utrecht.
Pero da igual: si defiendes Ceuta con la voluntad de su gente, no puedes reclamar Gibraltar contra la voluntad de la suya. Y por eso mientras eso siga así, Gibraltar no será Español
El listón es el mismo para todos o no sirve.
6
Ahora los dos casos de casa.
Y aquí hay que hilar fino, porque ni el nacionalismo vasco ni el catalán encajan limpios en una sola teoría.
Usan las dos a la vez, el historicismo y el derecho a decidir, cada una para tapar el agujero de la otra.
La tercera también la usan, que es que “el Estado les maltrata y oprime”, pero ni entro porque es absolutamente falso.
Pero ese doble juego no es un descuido: es el mecanismo.
Empiezo por el País Vasco.
La pata histórica son los fueros: las leyes y privilegios propios que los reyes de Castilla juraban respetar a cambio de lealtad. Pactos medievales dentro de la monarquía, no la constitución de un Estado vasco, que no existió nunca.
Se abolieron tras la última guerra carlista, en 1876, y como compensación nació en 1878 el concierto económico: las haciendas vascas recaudan sus impuestos y pagan al Estado un cupo por lo que este sigue haciendo allí.
Y aquí viene mi problema, que no es el que crees. No tengo nada contra que un territorio recaude sus impuestos y responda de su gasto.
Lo que no me cabe en un Estado de ciudadanos iguales es que ese régimen sea un derecho de cuna de dos comunidades y esté vetado al resto, y que encima el cupo sea una estafa que se calcula muy a la baja. Con toda seguridad, el estado quebraría en caso de aplicarse en España o a nivel Europeo.
La Constitución del 78 lo bendijo por la puerta de atrás: la disposición adicional primera "ampara y respeta los derechos históricos de los territorios forales".
La misma Constitución que dice en su artículo 138 que las diferencias entre comunidades "no podrán implicar, en ningún caso, privilegios económicos o sociales".
Esa incongruencia lleva casi cincuenta años conviviendo sobre el papel.
Yo tengo claro con cuál me quedo: todos iguales ante la ley.
Pero volviendo al tema, fíjate en la ironía: España reconoce y paga el argumento historicista cada año.
Lo que les queda por cobrar no son derechos históricos. Es la soberanía.
Sobre esa base, Sabino Arana fundó a finales del XIX un nacionalismo que en origen hablaba de pureza de la raza y de apellidos, y que el tiempo fue puliendo hacia lengua y cultura.
La inmigración extranjera y la demografía vasca están dejando un curioso resultado que no dejaría dormir a Arana.
Y sin olvidar nunca lo que hizo ETA: más de 850 asesinados para conseguir por el terror lo que ni la historia ni las urnas daban.
La pata del “derecho a decidir” vino después.
El Parlamento Vasco proclamó en 1990 que el pueblo vasco tiene derecho a la autodeterminación. Pero la expresión que triunfó, "derecho a decidir", se acuñó con el plan Ibarretxe.
Y se acuñó a propósito: "autodeterminación" es un término que el derecho internacional solo traduce en secesión para colonias y pueblos ocupados, y el País Vasco no cuela como ninguna de las dos cosas, así que hacía falta una fórmula nueva que sonara a democracia de andar por casa.
Fíjate cómo arranca el propio plan: el pueblo vasco tiene "derecho a decidir su propio futuro", y lo funda a la vez en los derechos históricos que ampara la Constitución. Las dos patas, historicismo y urnas, soldadas en el mismo párrafo.
El Parlamento Vasco lo aprobó a finales de 2004, el Congreso lo rechazó el 1 de febrero de 2005, por la vía legal, y ahí se quedó.
¿Y por qué necesita las dos patas? Porque cada una cojea.
La histórica cojea de presente: nunca fueron un país soberano, los fueros no dan soberanía, y la independencia no es la opción mayoritaria entre los vascos.
La democrática cojea ya desde el mapa: el sujeto histórico es “Euskal Herria”, siete territorios contando Navarra y el País Vasco francés.
Pero la Constitución dejó a Navarra una puerta abierta para integrarse, la disposición transitoria cuarta, y Navarra no ha querido cruzarla jamás.
Y a los vascofranceses mejor ni preguntarles porque la respuesta es obvia.
Ninguna de las dos patas les da la razón.
Y aquí hay que hilar fino, porque ni el nacionalismo vasco ni el catalán encajan limpios en una sola teoría.
Usan las dos a la vez, el historicismo y el derecho a decidir, cada una para tapar el agujero de la otra.
La tercera también la usan, que es que “el Estado les maltrata y oprime”, pero ni entro porque es absolutamente falso.
Pero ese doble juego no es un descuido: es el mecanismo.
Empiezo por el País Vasco.
La pata histórica son los fueros: las leyes y privilegios propios que los reyes de Castilla juraban respetar a cambio de lealtad. Pactos medievales dentro de la monarquía, no la constitución de un Estado vasco, que no existió nunca.
Se abolieron tras la última guerra carlista, en 1876, y como compensación nació en 1878 el concierto económico: las haciendas vascas recaudan sus impuestos y pagan al Estado un cupo por lo que este sigue haciendo allí.
Y aquí viene mi problema, que no es el que crees. No tengo nada contra que un territorio recaude sus impuestos y responda de su gasto.
Lo que no me cabe en un Estado de ciudadanos iguales es que ese régimen sea un derecho de cuna de dos comunidades y esté vetado al resto, y que encima el cupo sea una estafa que se calcula muy a la baja. Con toda seguridad, el estado quebraría en caso de aplicarse en España o a nivel Europeo.
La Constitución del 78 lo bendijo por la puerta de atrás: la disposición adicional primera "ampara y respeta los derechos históricos de los territorios forales".
La misma Constitución que dice en su artículo 138 que las diferencias entre comunidades "no podrán implicar, en ningún caso, privilegios económicos o sociales".
Esa incongruencia lleva casi cincuenta años conviviendo sobre el papel.
Yo tengo claro con cuál me quedo: todos iguales ante la ley.
Pero volviendo al tema, fíjate en la ironía: España reconoce y paga el argumento historicista cada año.
Lo que les queda por cobrar no son derechos históricos. Es la soberanía.
Sobre esa base, Sabino Arana fundó a finales del XIX un nacionalismo que en origen hablaba de pureza de la raza y de apellidos, y que el tiempo fue puliendo hacia lengua y cultura.
La inmigración extranjera y la demografía vasca están dejando un curioso resultado que no dejaría dormir a Arana.
Y sin olvidar nunca lo que hizo ETA: más de 850 asesinados para conseguir por el terror lo que ni la historia ni las urnas daban.
La pata del “derecho a decidir” vino después.
El Parlamento Vasco proclamó en 1990 que el pueblo vasco tiene derecho a la autodeterminación. Pero la expresión que triunfó, "derecho a decidir", se acuñó con el plan Ibarretxe.
Y se acuñó a propósito: "autodeterminación" es un término que el derecho internacional solo traduce en secesión para colonias y pueblos ocupados, y el País Vasco no cuela como ninguna de las dos cosas, así que hacía falta una fórmula nueva que sonara a democracia de andar por casa.
Fíjate cómo arranca el propio plan: el pueblo vasco tiene "derecho a decidir su propio futuro", y lo funda a la vez en los derechos históricos que ampara la Constitución. Las dos patas, historicismo y urnas, soldadas en el mismo párrafo.
El Parlamento Vasco lo aprobó a finales de 2004, el Congreso lo rechazó el 1 de febrero de 2005, por la vía legal, y ahí se quedó.
¿Y por qué necesita las dos patas? Porque cada una cojea.
La histórica cojea de presente: nunca fueron un país soberano, los fueros no dan soberanía, y la independencia no es la opción mayoritaria entre los vascos.
La democrática cojea ya desde el mapa: el sujeto histórico es “Euskal Herria”, siete territorios contando Navarra y el País Vasco francés.
Pero la Constitución dejó a Navarra una puerta abierta para integrarse, la disposición transitoria cuarta, y Navarra no ha querido cruzarla jamás.
Y a los vascofranceses mejor ni preguntarles porque la respuesta es obvia.
Ninguna de las dos patas les da la razón.
7
Cataluña es mas de lo mismo.
La pata histórica sostiene el relato entero aunque se hable menos de ella.
La Diada, la fiesta nacional, conmemora el 11 de septiembre de 1714: la caída de Barcelona en la Guerra de Sucesión. Que no fue una guerra de Cataluña contra España, sino una guerra dinástica europea entre Austrias y Borbones en la que las instituciones catalanas apostaron por el bando que perdió.
Después vinieron los decretos de Nueva Planta, que abolieron esas instituciones, y de ahí sale el relato de los "300 años de ocupación": una derrota dinástica reconvertida en martirio nacional. Sin ese sustrato emocional, el procés no arranca.
La pata democrática es la que salió por televisión: dejadnos votar. El derecho a decidir importado del País Vasco y llevado a escala.
El 9-N de 2014 como ensayo y el 1-O de 2017 como choque: un referéndum unilateral sin censo válido, sin junta electoral, sin garantías y contra la ley, con una participación que ni el recuento del propio Govern pudo subir del 43%.
Un golpe de estado en toda regla, por mucho que políticamente hayan salido indemnes.
Y aquí el problema del demos se ve mejor que en ningún otro sitio del mundo.
Ivor Jennings, jurista británico, lo dejó escrito en 1956 y sigue sin respuesta: "el pueblo no puede decidir hasta que alguien decide quién es el pueblo". Aplica: ¿por qué vota Cataluña sola y no toda España? Historia.
¿Por qué Cataluña a secas y no los Països Catalans del imaginario, con Valencia y Baleares? Porque ahí no salen los votos.
¿Y por qué no vota el Valle de Arán, que tiene lengua propia, instituciones propias y cuyo Conselh dijo en 2017, por unanimidad, que si Cataluña se iba ellos se quedaban en España?
Es más: el propio Parlament aprobó en 2015 una ley que reconoce "el derecho del pueblo aranés a decidir su futuro". Le concedieron a Arán, por escrito, el mismo derecho que reclamaban para sí. Y cuando Arán amagó con usarlo para quedarse en España, silencio.
Tabarnia fue una broma, pero era un teorema con chiste: aplícale al independentismo su propio argumento un escalón más abajo y lo rechaza con las mismas palabras que usa Madrid con él.
El censo se corta exactamente donde da mayoría. Ni un metro más.
La segunda trampa es la puerta de un solo sentido de los referéndums. Quebec votó no en 1980 y repitió en 1995. Escocia votó no en 2014, aquello era según sus promotores una oportunidad única en una generación, y el SNP pedía repetir a los pocos años. En Cataluña, el "mandato del 1-O" se declaró permanente con aquel 43%. Si sale no, se repite hasta que salga. Si sale sí una vez, es para siempre.
Un derecho que solo funciona en una dirección no es un derecho.
Resumen de los dos casos: cuando fallan las urnas se invoca la historia, y cuando falla la historia se invocan las urnas.
Los dos argumentos se turnan porque ninguno se aguanta solo.
Y el filtro de las cinco preguntas los suspende por los mismos sitios: sin opresión, con el censo dibujado a medida, con media sociedad dentro que no quiere y por fuera de la ley.
La pata histórica sostiene el relato entero aunque se hable menos de ella.
La Diada, la fiesta nacional, conmemora el 11 de septiembre de 1714: la caída de Barcelona en la Guerra de Sucesión. Que no fue una guerra de Cataluña contra España, sino una guerra dinástica europea entre Austrias y Borbones en la que las instituciones catalanas apostaron por el bando que perdió.
Después vinieron los decretos de Nueva Planta, que abolieron esas instituciones, y de ahí sale el relato de los "300 años de ocupación": una derrota dinástica reconvertida en martirio nacional. Sin ese sustrato emocional, el procés no arranca.
La pata democrática es la que salió por televisión: dejadnos votar. El derecho a decidir importado del País Vasco y llevado a escala.
El 9-N de 2014 como ensayo y el 1-O de 2017 como choque: un referéndum unilateral sin censo válido, sin junta electoral, sin garantías y contra la ley, con una participación que ni el recuento del propio Govern pudo subir del 43%.
Un golpe de estado en toda regla, por mucho que políticamente hayan salido indemnes.
Y aquí el problema del demos se ve mejor que en ningún otro sitio del mundo.
Ivor Jennings, jurista británico, lo dejó escrito en 1956 y sigue sin respuesta: "el pueblo no puede decidir hasta que alguien decide quién es el pueblo". Aplica: ¿por qué vota Cataluña sola y no toda España? Historia.
¿Por qué Cataluña a secas y no los Països Catalans del imaginario, con Valencia y Baleares? Porque ahí no salen los votos.
¿Y por qué no vota el Valle de Arán, que tiene lengua propia, instituciones propias y cuyo Conselh dijo en 2017, por unanimidad, que si Cataluña se iba ellos se quedaban en España?
Es más: el propio Parlament aprobó en 2015 una ley que reconoce "el derecho del pueblo aranés a decidir su futuro". Le concedieron a Arán, por escrito, el mismo derecho que reclamaban para sí. Y cuando Arán amagó con usarlo para quedarse en España, silencio.
Tabarnia fue una broma, pero era un teorema con chiste: aplícale al independentismo su propio argumento un escalón más abajo y lo rechaza con las mismas palabras que usa Madrid con él.
El censo se corta exactamente donde da mayoría. Ni un metro más.
La segunda trampa es la puerta de un solo sentido de los referéndums. Quebec votó no en 1980 y repitió en 1995. Escocia votó no en 2014, aquello era según sus promotores una oportunidad única en una generación, y el SNP pedía repetir a los pocos años. En Cataluña, el "mandato del 1-O" se declaró permanente con aquel 43%. Si sale no, se repite hasta que salga. Si sale sí una vez, es para siempre.
Un derecho que solo funciona en una dirección no es un derecho.
Resumen de los dos casos: cuando fallan las urnas se invoca la historia, y cuando falla la historia se invocan las urnas.
Los dos argumentos se turnan porque ninguno se aguanta solo.
Y el filtro de las cinco preguntas los suspende por los mismos sitios: sin opresión, con el censo dibujado a medida, con media sociedad dentro que no quiere y por fuera de la ley.
8
Fuera de España quedan los dos casos que marcan el suelo y el techo del asunto.
Kosovo es el suelo: lo mínimo que hace falta para que la secesión sea siquiera discutible.
Bajo Milošević hubo persecución, limpieza étnica y guerra. El umbral de Buchanan, cumplido de sobra.
La OTAN intervino en el 99 y Kosovo declaró la independencia en 2008.
Y aun con todo, mira el resultado: un Estado frágil, con las minorías serbias mal protegidas y reconocido solo a medias. Kosovo enseña dónde está el listón, altísimo, y enseña que ni siquiera superándolo el resultado es limpio.
Excepción extrema, no modelo exportable.
Escocia es el techo: lo máximo a lo que puede aspirar una secesión en democracia.
Pero el contexto es importante: Escocia fue un reino independiente durante siglos que se unió a Inglaterra por un pacto, las Actas de Unión de 1707.
Wayne Norman, filósofo canadiense especializado en países con varias naciones dentro, defiende que en esos casos lo sensato es pactar reglas claras para discutir la unión en vez de resolverla a empujones.
El manual de instrucciones lo escribió el Tribunal Supremo de Canadá en 1998, después de los dos referéndums de Quebec: no existe un derecho unilateral a la secesión, ni en la constitución ni en el derecho internacional, pero una mayoría clara sobre una pregunta clara obliga al resto del país a negociar.
Negociar, ojo, no conceder, y siempre dentro del orden constitucional. Reglas antes que hechos consumados.
Es exactamente lo que se hizo en Escocia en 2014: referéndum legal, censo acordado, campaña limpia. Ganó el no con el 55%. La lección no es que la secesión sea un derecho. Es que la única vía legítima es la ley pactada. Y que aun con todas las bendiciones, perdieron.
Con el suelo y el techo marcados, los casos españoles quedan retratados: no llegan al suelo de Kosovo, porque no hay opresión, y no quisieron el techo de Escocia, porque el techo exige jugar con reglas.
Kosovo es el suelo: lo mínimo que hace falta para que la secesión sea siquiera discutible.
Bajo Milošević hubo persecución, limpieza étnica y guerra. El umbral de Buchanan, cumplido de sobra.
La OTAN intervino en el 99 y Kosovo declaró la independencia en 2008.
Y aun con todo, mira el resultado: un Estado frágil, con las minorías serbias mal protegidas y reconocido solo a medias. Kosovo enseña dónde está el listón, altísimo, y enseña que ni siquiera superándolo el resultado es limpio.
Excepción extrema, no modelo exportable.
Escocia es el techo: lo máximo a lo que puede aspirar una secesión en democracia.
Pero el contexto es importante: Escocia fue un reino independiente durante siglos que se unió a Inglaterra por un pacto, las Actas de Unión de 1707.
Wayne Norman, filósofo canadiense especializado en países con varias naciones dentro, defiende que en esos casos lo sensato es pactar reglas claras para discutir la unión en vez de resolverla a empujones.
El manual de instrucciones lo escribió el Tribunal Supremo de Canadá en 1998, después de los dos referéndums de Quebec: no existe un derecho unilateral a la secesión, ni en la constitución ni en el derecho internacional, pero una mayoría clara sobre una pregunta clara obliga al resto del país a negociar.
Negociar, ojo, no conceder, y siempre dentro del orden constitucional. Reglas antes que hechos consumados.
Es exactamente lo que se hizo en Escocia en 2014: referéndum legal, censo acordado, campaña limpia. Ganó el no con el 55%. La lección no es que la secesión sea un derecho. Es que la única vía legítima es la ley pactada. Y que aun con todas las bendiciones, perdieron.
Con el suelo y el techo marcados, los casos españoles quedan retratados: no llegan al suelo de Kosovo, porque no hay opresión, y no quisieron el techo de Escocia, porque el techo exige jugar con reglas.
9
¿Y dónde se rompen todas las teorías? En Oriente Medio.
Israel reclama por historia: un vínculo de milenios mantenido en el idioma y en el rezo durante veinte siglos de diáspora, compra legal de tierras desde finales del XIX y un Estado proclamado en 1948 tras el plan de partición de la ONU.
Los palestinos reclaman por presente: eran mayoría en los territorios, con una identidad nacional que se consolida a partir de los años 60.
Benedict Anderson, el historiador con cuyo libro se estudia el nacionalismo en medio mundo, las llamó comunidades imaginadas: las naciones se construyen, y una vez construidas son tan reales como cualquier otra. La palestina se construyó sobre todo frente a Israel.
Eso no la hace menos real. Tampoco le da automáticamente un Estado.
Sobre los títulos, empate: el historicismo le da la razón a uno, la autodeterminación al otro, y las dos cosas a la vez no pueden ser.
Pero en este hilo la cosa va de soluciones y ahí la cosa sale mal para la parte Palestina.
La puerta de la ley pactada aquí se abrió tres veces.
Comisión Peel, 1937: partición en dos Estados; los judíos aceptaron negociarla, los árabes la rechazaron.
ONU, 1947: dos Estados; los judíos aceptaron, los árabes dijeron no y cinco ejércitos entraron en guerra.
Camp David, 2000: oferta del 90 y pico por ciento de Cisjordania y parte de Jerusalén Este como capital; Arafat se levantó sin contraoferta, según contaron los propios mediadores americanos.
Tres puertas, tres portazos del mismo lado. Por no hablar de que todas las guerras las comenzó uno de los lados.
Y la puerta de Waldron, la de que los agravios caducan, aquí está bloqueada a propósito.
Los refugiados de 1948 fueron unos 700.000; los registros de UNRWA cuentan hoy casi seis millones. El estatus de refugiado palestino se hereda de padres a hijos.
Una maquinaria diseñada para que 1948 no prescriba nunca.
El derecho de retorno, así entendido, no es una reclamación: es la negación del Estado vecino por demografía.
Queda el tercer criterio, las instituciones.
Dentro de Israel funcionan, aunque con defectos serios: los árabes israelíes votan y tienen escaño, los tribunales tumban leyes del gobierno.
En Gaza gobierna Hamás, que persigue a los suyos y cuya carta fundacional pide exterminar al vecino. En Cisjordania, una Autoridad que no convoca elecciones desde 2006.
Por eso no hay solución a la vista: no falta un mapa, faltan instituciones.
Y falta aceptar lo único que ninguna teoría puede cambiar: el otro no va a desaparecer.
Israel reclama por historia: un vínculo de milenios mantenido en el idioma y en el rezo durante veinte siglos de diáspora, compra legal de tierras desde finales del XIX y un Estado proclamado en 1948 tras el plan de partición de la ONU.
Los palestinos reclaman por presente: eran mayoría en los territorios, con una identidad nacional que se consolida a partir de los años 60.
Benedict Anderson, el historiador con cuyo libro se estudia el nacionalismo en medio mundo, las llamó comunidades imaginadas: las naciones se construyen, y una vez construidas son tan reales como cualquier otra. La palestina se construyó sobre todo frente a Israel.
Eso no la hace menos real. Tampoco le da automáticamente un Estado.
Sobre los títulos, empate: el historicismo le da la razón a uno, la autodeterminación al otro, y las dos cosas a la vez no pueden ser.
Pero en este hilo la cosa va de soluciones y ahí la cosa sale mal para la parte Palestina.
La puerta de la ley pactada aquí se abrió tres veces.
Comisión Peel, 1937: partición en dos Estados; los judíos aceptaron negociarla, los árabes la rechazaron.
ONU, 1947: dos Estados; los judíos aceptaron, los árabes dijeron no y cinco ejércitos entraron en guerra.
Camp David, 2000: oferta del 90 y pico por ciento de Cisjordania y parte de Jerusalén Este como capital; Arafat se levantó sin contraoferta, según contaron los propios mediadores americanos.
Tres puertas, tres portazos del mismo lado. Por no hablar de que todas las guerras las comenzó uno de los lados.
Y la puerta de Waldron, la de que los agravios caducan, aquí está bloqueada a propósito.
Los refugiados de 1948 fueron unos 700.000; los registros de UNRWA cuentan hoy casi seis millones. El estatus de refugiado palestino se hereda de padres a hijos.
Una maquinaria diseñada para que 1948 no prescriba nunca.
El derecho de retorno, así entendido, no es una reclamación: es la negación del Estado vecino por demografía.
Queda el tercer criterio, las instituciones.
Dentro de Israel funcionan, aunque con defectos serios: los árabes israelíes votan y tienen escaño, los tribunales tumban leyes del gobierno.
En Gaza gobierna Hamás, que persigue a los suyos y cuya carta fundacional pide exterminar al vecino. En Cisjordania, una Autoridad que no convoca elecciones desde 2006.
Por eso no hay solución a la vista: no falta un mapa, faltan instituciones.
Y falta aceptar lo único que ninguna teoría puede cambiar: el otro no va a desaparecer.
10
Vuelvo a Ceuta, que es donde empezamos, porque ahora la respuesta es clara.
Ceuta no solo es española por 1580, es española porque 83.000 personas viven allí con derechos plenos, votan y quieren seguir siéndolo.
Aguanta perfectamente nuestro filtro.
Marruecos no tiene ninguno de los tres argumentos: llega tarde en la historia, no tiene la mayoría dentro de la ciudad, y lo que ofrece no son mejores instituciones, son peores.
La tierra no es de los pueblos ni de las banderas. Es de las personas que la habitan.
Sobre ella solo hay un título legítimo: gobernarla respetando los derechos de todos, también de los que piensan distinto.
Y antes de que alguien lo diga: sí, ya sé que las fronteras las sostienen los ejércitos y no los filósofos.
Yo he intentado hacer un ejercicio para ver quién tiene más legitimidad en las disputas.
Y como veis.. es muy complicado.
Con esto cierro esta turrada máxima, con la que seguro muchos no estaréis de acuerdo pero es lo bonito de las opiniones. Todos tenemos una.
Gracias por leer al que haya llegado hasta aquí.
¡Feliz sábado!
Ceuta no solo es española por 1580, es española porque 83.000 personas viven allí con derechos plenos, votan y quieren seguir siéndolo.
Aguanta perfectamente nuestro filtro.
Marruecos no tiene ninguno de los tres argumentos: llega tarde en la historia, no tiene la mayoría dentro de la ciudad, y lo que ofrece no son mejores instituciones, son peores.
La tierra no es de los pueblos ni de las banderas. Es de las personas que la habitan.
Sobre ella solo hay un título legítimo: gobernarla respetando los derechos de todos, también de los que piensan distinto.
Y antes de que alguien lo diga: sí, ya sé que las fronteras las sostienen los ejércitos y no los filósofos.
Yo he intentado hacer un ejercicio para ver quién tiene más legitimidad en las disputas.
Y como veis.. es muy complicado.
Con esto cierro esta turrada máxima, con la que seguro muchos no estaréis de acuerdo pero es lo bonito de las opiniones. Todos tenemos una.
Gracias por leer al que haya llegado hasta aquí.
¡Feliz sábado!