15 de julio de 1834. Fundada por los Reyes Católicos en 1478, el Tribunal del Santo Oficio ejerció durante más de tres siglos y medio un férreo control religioso, social y cultural en la Península y sus territorios americanos. Tras varios intentos previos de supresión, fue la regente María Cristina de Borbón quien firmó el decreto definitivo que clausuraba para siempre una institución que marcó el fin de una era y el inicio de la modernización jurídica del país.
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