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¡IDL SANCIONADO! ¿DEFIENDEN DERECHOS O HACEN POLÍTICA CON DINERO EXTRANJERO? El día de ayer, en el programa de @DiegoAcuOficial y en el programa @CcorrienteW se comentó la Resolución Directoral Ejecutiva 100-2025/APCI- DE de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI) @apciagencia emitida en septiembre del 2025 en el que confirma una sanción con una multa por S/ 34,055.01 contra el Instituto de Defensa Legal (IDL) liderado por Gustavo Gorriti. La razón de dicha sanción es que incurrieron en una infracción GRAVE al obstaculizar las labores de supervisión y fiscalización. Según la resolución, IDL no garantizó que la autoridad pudiera realizar verificaciones in situ ni facilitó el contacto con sus co-ejecutores, frustrando el control sobre el uso de los fondos. (Abro 🧵 )
2. Me pareció importante profundizar en el proyecto sobre el cuál se obstaculizó la fiscalización en el uso de fondos y que dio pie a la sanción. Se trata del proyecto titulado "Por una institucionalidad democrática con derechos ante riesgos y amenazas en contexto pospandemia, de cambio institucional y demandas postergada”, ejecutado entre 2021 y 2024, y documentado en el Reporte APCI N.° 17695, el más detallado disponible públicamente a la fecha sobre esta intervención. El proyecto es financiado íntegramente por la Foundation to Promote Open Society (FPOS) de Soros, con sede en Estados Unidos, por un monto total de $1,350,000.00.
3. El análisis del reporte 17695 de la APCI revela la estructura operativa, financiera y narrativa del proyecto ejecutado por el Instituto de Defensa Legal (IDL). El IDL actúa como la "Entidad administradora de fondos", mientras que otras organizaciones como APRODEH, Forum Solidaridad Perú, Movimiento Manuela Ramos y la Asociación Paz y Esperanza figuran como "entidades receptoras".
4. En cuanto a la Distribución del Gasto: destaca que $200 mil dólares van a "Personal Permanente". Existe un rubro de "Otros" con un presupuesto de $530 mil dólares, de los cuales solo se ejecutaron $20,430.00 en 2023, dejando un saldo que se deberá reportar en otro informe. ¿Qué hay dentro de ese “otros”? ¿Será ese “otros” que se lleva casi el 40% del presupuesto lo que quería fiscalizar la APCI ? ¿Se puede poner en "otros" sin detallar un monto tan grande? Y otro monto no menor de $140 mil para administración del proyecto (comunicaciones, útiles de oficina, movilización, servicios) bancarios, servicios, alquileres, otros). Como se puede ver la mayor parte del dinero de Soros va para sostenerse a ellos mismos. Además se especifica que el proyecto destina fondos para la "producción y divulgación de investigaciones en medios IDL y sus plataformas digitales". Es decir, usan la cooperación para sostener el brazo mediático de IDL-Reporteros.
5. Otro aspecto que llama la atención es el marco lógico del proyecto que utiliza una terminología que trasciende la asistencia técnica para enfocarse en la incidencia política directa: - Narrativa de "enemigos": sus objetivos incluyen combatir a "grupos antiderechos" y generar "corrientes de opinión" para evitar la "captura del Estado" por "mafias". Estos términos, elásticamente definidos por la propia ONG, se usarían para atacar a políticos y sectores que no comparten su visión. - Discursos "contra-hegemónicos": el dinero se usa para promover "discursos contra-hegemónicos" y realizar campañas mediáticas que "contrarresten mitos" de sus opositores, a quienes tildan de propagadores de fake news. - Defensa selectiva: financian "defensa legal a periodistas" y visibilizan su rol solo en casos que ellos consideran "emblemáticos", lo que les permitiría instrumentalizar la justicia con criterios ideológicos. Esto se ve más claro cuando se leen los indicadores de verificación.
6. Las actividades declaradas parecerían ser la creación de una plataforma de comunicación y defensa legal que se alinea con la persecución de sus adversarios políticos: - Sostenimiento de Plataformas: Una actividad central es la "producción y divulgación de trabajos de investigación en medios IDL y sus plataformas digitales". Esto vincula directamente el financiamiento extranjero con la línea editorial de sus brazos mediáticos (como IDL-Reporteros). - Protección Selectiva: El proyecto financia "protección legal y mediática" para periodistas, visibilizando su rol solo en lo que denominan "casos emblemáticos de megacorrupción". - Campañas Ideológicas: Se programan "campañas mediáticas para contrarrestar los mitos y mentiras" de grupos que ellos etiquetan como "anti derechos" y el uso de un "videojuego para la educación y formación de periodistas y ciudadanos".
7. Los medios de verificación o indicadores de éxito que IDL entrega a la APCI no son solo documentos técnicos, sino "web de medios de comunicación y páginas oficiales", el "número de campañas realizadas", entre otros. Sin embargo, son dos de los indicadores que se señalan los que más llaman la atención. El primero es el indicador que busca contabilizar el "número de disposiciones fiscales o judiciales obtenidas" en base a casos patrocinados. Además señalan que realizarán la “Sistematización de buenas prácticas para la ejecución de sentencias, protección de derechos y lucha contra la impunidad”. Esto podría ser una prueba clara de la intervención directa de IDL en el sistema de justicia con fines de incidencia política. No se trataría de una labor de defensa legal desinteresada, sino de una estrategia para obtener resultados legales específicos que validarían la narrativa política de la ONG y de sus co-ejecutores. Al "patrocinar" de manera selectiva casos de lo que ellos definen como "defensores de derechos humanos", ¿no estaría el IDL usando el dinero de Soros para buscar resoluciones que sirvan de escudo para sus aliados y de insumo para sus campañas mediáticas? En última instancia, este objetivo demostraría que el dinero extranjero se emplearía para generar precedentes judiciales, convirtiendo el litigio en una herramienta de poder para influir en la institucionalidad democrática del país y perseguir a quienes se oponen a su agenda ideológica. @AlejoMunante
8. El segundo indicador es el que señala “número de tomadores de decisión comprometidos”. Este término no se refiere a asistencia técnica neutral, sino a la búsqueda activa de alinear a autoridades y funcionarios públicos con la agenda específica de la ONG. Parece ser una métrica de poder.
9. En conclusión: IDL recibe millones de dólares para, en la práctica, financiar una maquinaria de incidencia política y mediática que buscaría silenciar a sus adversarios bajo la etiqueta de "defensa de la democracia". ¿Por qué no quieren que se fiscalice lo que hacen? ¿Qué esconde ese rubro "otros"? ¿Por qué IDL muestra tanto rechazo a una norma de APCI que busca regular el financiamiento de las ONG? ¿Por qué un juez les ha dado un amparo para que solo a ellos no se le aplique la ley APCI y al resto de ONG sí? Hay muchas preguntas que hacer y responder. (Fin del hilo) @cparedesr