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Los contrarios al impuesto de sucesiones suelen pasar por alto sus efectos económicos más relevantes. Cuando se analizan con detalle, aparecen distorsiones que afectan al ahorro, al capital, a la inversión y a la movilidad social. Hilo. 🧵
La herencia es una extensión del derecho de propiedad: si puedo disponer de mis bienes, también puedo decidir su transferencia en vida o tras mi muerte. Negar esa facultad limita el contenido mismo del derecho de propiedad.
El impuesto de sucesiones altera esa decisión al impedir que la voluntad del propietario se cumpla íntegramente. No es solo un tributo: redefine quién controla bienes ya producidos o adquiridos legítimamente.
Un argumento en contra es que un heredero no tiene derecho a la herencia porque “no ha hecho nada para merecerla”; pero ese mismo criterio invalidaría el supuesto derecho a cobrar una prestación estatal cuando quien la recibe tampoco ha hecho nada para “merecer” esos recursos.
Además, el impuesto penaliza el ahorro y la previsión intergeneracional. Si ahorrar para transmitir patrimonio se vuelve menos rentable, el horizonte temporal del capital se acorta y la inversión productiva disminuye.
Menos inversión implica menos formación de capital, menor productividad marginal del trabajo y, en consecuencia, salarios más bajos y menor crecimiento económico.
Cuando el Estado recauda el impuesto de sucesiones, se apropia de una parte del capital heredado. Y ese capital, al pasar a manos estatales, se asigna sin los incentivos, información y disciplina de pérdidas y beneficios que sí tienen los propietarios privados.
La reducción del ahorro disminuye la oferta de capital. Con menos capital disponible, su rentabilidad sube. Y esa mayor rentabilidad la captan quienes ya concentran grandes volúmenes de capital: grandes corporaciones y ultrarricos.
Esto reduce la movilidad social: si la acumulación intergeneracional se dificulta, quienes dependen de ella para progresar encuentran más barreras, mientras que los patrimonios consolidados se refuerzan, algo que no debería gustar a los que suelen estar a favor del impuesto.
El impuesto también provoca ventas forzosas de activos, especialmente en negocios con mucho inmovilizado y poca liquidez. Eso destruye la continuidad empresarial y facilita adquisiciones por actores más grandes, de nuevo las grandes corporaciones y los ultrarricos.
En sectores agrícolas y forestales, puede forzar la explotación inmediata de tierras sensibles para generar liquidez, deteriorando su valor ecológico y productivo a largo plazo.
La necesidad de liquidez inmediata encarece el crédito, reduce la inversión en maquinaria y limita la capacidad de los pequeños negocios para competir en mercados capital‑intensivos.
A esto se suman los costes de cumplimiento y defensa fiscal: recursos que podrían destinarse a inversión, innovación o expansión se desvían a trámites, asesoría y litigios contra la maquinaria voraz de Hacienda que además, tira con pólvora del Rey.
El impuesto también altera los incentivos familiares: si transmitir patrimonio se vuelve incierto o costoso, disminuye el incentivo a planificar a largo plazo y a formar sucesores capaces de gestionar ese capital.
Históricamente, las propuestas de limitar o abolir la herencia han estado ligadas a modelos de planificación centralizada. El efecto común: desplazar decisiones familiares hacia estructuras estatales.