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El 10 de mayo de 1981 tres jóvenes residentes en Cantabria, sin vinculación política, eran detenidos y torturados hasta la muerte por la Guardia Civil en Almería, donde pasaban las vacaciones. Intentaron tapar el crimen simulando una fuga, accidente e incendio del coche. Fue el 'caso Almería'. Aquella primavera de 1981 la situación política estaba caliente. El 7 de mayo de 1981 ETA atentó contra el hombre de confianza del rey Juan Carlos, el teniente general Joaquín de Valenzuela, ex gobernador militar franquista. Valenzuela sobrevivió al atentado, pero matando tres militares. El mismo día 7 Juan Mañas Morales, de 24 años, Luis Montero García, de 33 años (el único con carnet del PCE) y Luis Cobo Mier, de 29 años, salían de Santander hacia Pechina, Almería, para asistir a comunión. El día 9 se publicaron fotos de los supuestos autores del atentado, que alguien relacionó las fotos con los jóvenes. La Guardia Civil emitió una orden de búsqueda y captura. Por la noche detuvieron a los jóvenes en Roquetas de Mar. Al día siguiente sus cuerpos aparecieron calcinados dentro del coche en una cuneta. Los llevaron a un cuartel abandonado, les interrogaron y torturaron brutalmente hasta la muerte y buscaron la manera de deshacerse de sus cuerpos. Al año se celebró el juicio con solamente 3 de los 11 agentes implicados sentados en el banquillo. Aseguraron que eran miembros de ETA fugados durante un traslado, que tuvieron un accidente que incendió su vehículo. A pesar de las contradicciones y pruebas falsas, el juez no vio indicios de asesinato, condenándoles por homicidio. Terminarían cumpliendo menos de la mitad de sus condenas. En 1984 la familia de Juan Mañas recibió un anónimo donde se relataban detalles de las torturas, amputaciones y brutal ejecución de los tres jóvenes en el cuartel abandonado de Casafuerte. Para acabar de retorcer el caso, en 1999 se descubrió que los condenados recibieron varios millones de pesetas del gobierno del PSOE a través de fondos reservados del Estado. Las familias han intentado en varias ocasiones que se reabriera el caso y que se les reconozca el estatus de víctimas del terrorismo. Sus demandas han sido sistemáticamente ignoradas.
