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Hablando con gente que sabe, he conocido la historia de Emérita Legal, una legaltech española que quiso democratizar el acceso (libre y gratuito) a las sentencias judiciales, un (lucrativo) negocio monopolizado por un organismo estatal (el CENDOJ) y grandes editoriales jurídicas <a target="_blank" href="https://www.emerita.legal" color="blue">emerita.legal</a>
Parto de la premisa de que el acceso a las sentencias judiciales debiera ser abierto y gratuito para cualquier interesado (como exige la UE y como pasa en muchos países de nuestro entorno).
Pero, en España, dicho acceso lo centraliza el CENDOJ (dependiente del CGPJ) que, tras la obligada anonimización de las resoluciones judiciales, permite el acceso (previo pago) a grandes editoriales jurídicas que, a su vez (previo pago de la correspondiente licencia), las ponen a disposición de los profesionales del Derecho
Según me cuentan, el CENDOJ cobra €1,27 por sentencia puesta a disposición de sus clientes, las grandes editoriales jurídicas (aunque que éstas tendrán algún margen de negociación de tarifas por volumen contratado).
Teniendo en cuenta que en España se generan una media de 2.500.000 resoluciones judiciales al año, podéis entender que las barreras de entrada para cualquier potencial competidor de las grandes editoriales jurídicas son infranqueables.
Pero lo que más me ha sorprendido (fruto de mi desconocimiento) es que de esos 2.500.000 resoluciones judiciales, el CENDOJ sólo publica unas 300.000 (12% del total)
Y eso supone aproximadamente un 0,15% de las sentencias de primera instancia y un 65,88% de instancias superiores (de Audiencia Provincial para arriba).
O sea, que, por algún motivo que desconozco, los profesionales jurídicos no tenemos acceso a la totalidad de las resoluciones judiciales que se dictan en España y, en especial, a todas las sentencias de las instancias superiores (que son las que, habitualmente utilizamos como jurisprudencia -mayor o menor- en nuestros escritos).
Lo cual a uno le lleva a preguntarse sobre cuáles son los criterios que utiliza CENDOJ para publicar unas sentencias y otras, no.
El mero hecho de que sólo una parte de las sentencias de instancias superiores sean públicas me resulta escandaloso, pues podría dar lugar a que, por motivos espurios, un organismo estatal como el CENDOJ (dependiente del politizado CGPJ) decidiera no publicar determinadas sentencias (por ejemplo, por ser contrarias al sesgo político imperante en cada momento)
Pero volviendo al caso de Emérita Legal, el proyecto de esta startup legal era hacer accesibles el máximo de resoluciones judiciales posibles, no sólo las que publica el CENDOJ. Y el hecho de incluir en el lote las sentencias de las primeras instancias (prácticamente inexistentes en CENDOJ) proporcionaría una valiosa información a los abogados de las partes sobre de qué pie cojea el primer juez que conoce de la causa (en un asunto judicial, lo importante no es tener la razón, sino que el juez te la dé). Pensad que el 80% de las sentencias de primera instancia devienen firmes, al no ser objeto de recurso.
El CENDOJ le podría suministrar un buen número de ellas, pero el precio de €1,27 por resolución es una barrera inasumible para cualquier empresa emergente.
Los jueces no se las pueden facilitar, porque sólo se les permite entregarlas a las partes (abogados/procuradores) y al CENDOJ. Así que, a fin de conseguir esas sentencias, los amigos de Emérita Legal decidieron acudir a uno de los actores necesarios en la práctica totalidad de los procedimientos judiciales: los abogados. Adoptando, por supuesto, las medidas necesarias para respetar la privacidad de los datos de los clientes.
¿Y cómo convences a los abogados para que te suministren las sentencias de los casos en los que participan? Pues rankeándolos en función de sentencias aportadas y casos ganados. (muchos lo negarán, pero, por lo general, a los abogados nos gusta aparecer en los rankings más que a un tonto un lápiz)
El problema es que, por un tema reputacional, normalmente un abogado sólo entregará las sentencias de los casos que gane (para subir en el ranking). Pero, aún así, cuando un abogado pierde un juicio, siempre hay otro abogado que lo gana y que tendrá el incentivo para entregar la correspondiente sentencia y escalar puestos en el escalafón.
El modelo estaba muy bien pensado. Hasta tal punto que, a lo largo de su corta existencia, Emérita legal logró analizar 11.000.000+ de resoluciones judiciales y que 15.000+ abogados se convirtieran en proveedores de datos. Buenas métricas y buenos KPIs.
Pero el Imperio del Monopolio (como diría José María García) se conchabó para hundir a este molesto intruso, que amenazaba con acabar con el lucrativo mercado de la publicidad de las resoluciones judiciales. A tal fin, entabló acciones judiciales e instó la apertura de expediente sancionador por la AEPD.
Tras largos meses de batalla, la AEPD como la Justicia acabaron dando la razón a Emérita Legal. Pero el coste de hacer crecer un proyecto (y levantar financiación) desde una pequeña startup, con demandas de tan poderosos enemigos, acabó siendo demasiado grande y el 8 de abril de 2024, Emérita Legal tiraba la toalla.
Sirva este hilo para reconocer la lucha de Emérita Legal y adherirme a la exigencia de que el acceso a todas las resoluciones judiciales españolas sea libre y gratuito (garantizando el respeto a la privacidad de las partes).
Se ha perdido una batalla, pero esperemos ganar la guerra.