El MINEDU acaba de derogar los lineamientos de Educación Sexual Integral y reemplazarlos por una nueva norma. El cambio parece técnico. No lo es. La nueva política redefine qué violencias reconoce el Estado y cuáles deja de proteger. 🧵
La norma de 2021, que aprobé en mi gestión, se sustentaba en evidencia internacional, un diagnóstico técnico y un marco de derechos. La nueva no surge de una evaluación de resultados. Surge de un mandato político: la Ley 32535 ordena eliminar toda referencia a la ESI.
El nuevo documento crea una denominación sin antecedente internacional: “Educación Sexual con base científica, biológica y ética” (ES-CBE). UNESCO, UNFPA y OPS siguen usando educación sexual integral. Cambiar el nombre no es actualizar el concepto. Es reemplazarlo.
La paradoja central es esta: la nueva norma cita datos más recientes y reconoce 59 casos diarios de violencia sexual contra niñas y adolescentes. Pero al mismo tiempo elimina parte del marco conceptual diseñado precisamente para abordar esas violencias.
Desaparece la violencia escolar por orientación sexual e identidad de género, el enfoque de igualdad de género como eje transversal y las dimensiones política, legal, histórica y cultural de la sexualidad. No es una simplificación técnica. Es una decisión sobre a quiénes proteger
La política educativa no cambió porque aprendimos algo nuevo sobre educación sexual. Cambió porque cambiaron las correlaciones de fuerza. Esa es la diferencia entre una reforma técnica y una operación política presentada con lenguaje técnico.
Más evidencia, menos herramientas.
Una política que cita evidencia internacional para justificarse, pero elimina el marco que esa misma evidencia recomienda, no es política basada en evidencia. Es legitimidad prestada para un recorte de derechos.
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