SOCIALISMO Y COMISARIOS DE TRABAJO
El nacionalsocialismo era un movimiento político que negaba la monopolización del socialismo por parte del marxismo y se inspiraba en el denominado “socialismo ético” del filósofo idealista Juan Amadeo Fichte, que en su obra "El Estado
Comercial Cerrado" defendía la intervención del Estado en la economía, la propiedad fiduciaria de la tierra, las corporaciones gremiales, la autarquía y el patrón monetario nacional, según la producción, para evitar el endeudamiento internacional. El nacionalsocialismo
consideraba que los medios de producción eran propiedad del Estado y, por tanto, la iniciativa económica era planificada (Plan Reinhard y Plan Goering), controlando el Estado la inversión, la producción y la distribución de los bienes de consumo. Con esta finalidad, el régimen
germano suspendió, el 28 de febrero de 1933, el artículo 153 de la Constitución de Weimar que garantizaba la propiedad privada capitalista e instauró un nuevo sistema fiduciario, donde el Estado podía ceder los medios de producción a particulares siempre que, bajo la supervisión
de los fideicomisarios o comisarios de trabajo (treuhänder der arbeit), cumplieran con los dictámenes y objetivos económicos establecidos por el gobierno, en caso contrario, los empresarios podían ser cesados (expropiados) y sustituidos por otro gerente (Jefe de Empresa)
designado por el Estado, puesto que, para el nacionalsocialismo, los empresarios no eran propietarios como en el capitalismo, sino meros usufructuarios (arrendatarios) al servicio de la comunidad nacional (“El Derecho de Propiedad en el Nacionalsocialismo Alemán” de Enrique Brahm
García). Una economía como la nacionalsocialista en la que el Estado fijaba la cuantía de los salarios por medio de los comisarios de trabajo (Ley de Ordenación del Trabajo Nacional), el valor de la moneda tras la promulgación de la Ley de Nacionalización del Reichsbank, las
cuotas de producción a través de la Ley de Cártel Obligatorio y el margen de beneficio de las empresas mediante la Ley del Stock de Empréstitos, no era una economía liberal, sino una economía socialista. El 20 de enero de 1934, se promulgó la Ley de Ordenación del Trabajo
Nacional, donde se establecía que la gestión del empresario se encontraba subordinada a los intereses superiores de la nación, representada por los comisarios de trabajo designados por el Estado con la capacidad de emitir órdenes vinculantes con respecto a las horas de trabajo,
las políticas salariales y las condiciones laborales. Los comisarios de trabajo tenían la facultad de convertir la libertad de los empresarios en pura ilusión y como, a su vez, los comisarios dependían del Ministerio de Trabajo, resultaba que el Estado tenía en su mano todas las
palancas de mando de la vida económica. De este modo, la propiedad privada era una ficción, tal como el propio Robert Ley, dirigente del Frente Alemán del Trabajo, reconocía al afirmar que la economía, el taller y la fábrica pertenecían, por encima de la concepción burguesa de la
propiedad, a la comunidad del pueblo alemán, al cual debían servir (“La Política Corporativa” de Albert Muller). Por esta razón, el verdadero objetivo de la ley era fortalecer el control, la tutela y la vigilancia estatal sobre la gestión empresarial. Los comisarios de trabajo
debían garantizar el mantenimiento de la paz social y, para ello, tenían la potestad de participar en la implementación de la jurisdicción del Honor Social. Las penas judiciales del Tribunal de Honor Social iban desde una simple amonestación y multas en metálico, hasta la
destitución del empresario como gestor de la compañía. Por ejemplo, en 1935 se realizaron nueve expropiaciones de empresas (“La Revolución Social de Hitler” de David Schoenbaum) y en 1939, siete destituciones de Jefes de Empresa (“La Situación del Obrero Alemán” de Ludwig
Heyde). Las sociedades expropiadas más conocidas fueron la de Junkers en 1933 y la de Thyssen en 1939. La jornada laboral en la Alemania nacionalsocialista era la misma que existió durante el régimen de Weimar y que era la que recomendaba la Organización Internacional del Trabajo
de 48 horas semanales (ocho horas diarias de lunes a sábado). No obstante, se permitía realizar dos horas extraordinarias diarias hasta completar las 60 horas semanales, cuya autorización y cuantía la establecía el comisario de trabajo, mientras que
durante la época republicana era facultad del empresario (“The Social Policy of Nazi Germany” de C.W. Guillebaud). Según T. Kirk, N. Ferguson y D. Petzina, los
salarios semanales reales de los trabajadores germanos (horas extraordinarias incluidas) durante la época nacionalsocialista crecieron un 20%, algo insólito durante un periodo de crisis económica.
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