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Marco Antonio
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PRIVATIZACIONES Y NACIONALSOCIALISMO

El nacionalsocialismo defiende, al contrario que el capitalismo, la sumisión del poder económico al poder político, lo que no implica la abolición de la propiedad privada, sino su sometimiento a los intereses sociales de la comunidad
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nacional. Para ello, el 20 de enero de 1934, el régimen nacionalsocialista promulgó la Ley de Ordenación del Trabajo, estableciendo que la gestión del empresario se encontraba subordinada a los intereses superiores de la nación, representada por los Comisarios de Trabajo
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(Treuhänder der Arbeit), designados por el Estado con la capacidad de emitir órdenes vinculantes con respecto a las horas de trabajo, las políticas salariales y las condiciones laborales. Por esta razón, el verdadero objetivo de la ley era fortalecer el control, la tutela y la
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vigilancia estatal sobre la gestión empresarial y, con esta finalidad, el régimen germano ya había suspendido el 28 de febrero de 1933, el artículo 153 de la Constitución de Weimar que garantizaba la propiedad privada, instaurando un nuevo sistema fiduciario, donde el sector
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privado solamente podía admitirse siempre que cumpliera con los dictámenes y objetivos económicos del gobierno, en caso contrario, los empresarios podían ser cesados (expropiados) y sustituidos por otro gerente designado por el Estado, puesto que, para el nacionalsocialismo, los
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empresarios no eran propietarios, sino meros usufructuarios al servicio de la comunidad nacional. La Ley del 15 de julio de 1933 establecía que el Estado nacionalsocialista podía reunir a las empresas de una misma rama de la producción en un cártel obligatorio. En los regímenes
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capitalistas, los "cárteles" tienden a desembocar en actuaciones monopolísticas de interés privado, mientras que en un régimen de economía planificada como la nacionalsocialista, los "carteles" se creaban bajo el control y la supervisión del gobierno, tendiendo a estabilizar los
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precios, reducir los costes, fomentar la investigación y facilitar la aplicación de las directivas económicas del Estado. Tras el estallido del “Crack” capitalista bursátil de 1929, el gobierno de la República de Weimar adquirió una serie de ruinosos paquetes accionariales, que
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era minoritario en las empresas más importantes (por ejemplo, el 38,5% del Deutschebank) y mayoritario en otras como el Dresdnerbank, el Commerzbank o el Deschimag, que estaban en una situación de total bancarrota, con el único objetivo de evitar la quiebra (como la del
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Danatbank, segundo banco más grande de Alemania) de las empresas privadas afectadas por la crisis. Por ejemplo, la empresa siderúrgica Vereinigte Oberschlesische Hüttenwerke estaba controlada por Nikolaus von Ballestrem que poseía el 97% del capital accionarial y cuando explota
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la crisis de 1929, la empresa se encuentra al borde de la quiebra. Ballestrem ante la gravedad de la situación mueve sus influencias (Papen, Brüning, etc) y consigue que el gobierno de la República de Weimar adquiera el 45% de sus acciones “basura” con el dinero de los
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contribuyentes germanos. El negocio es redondo para Ballestrem, porque el Estado le ha salvado de la quiebra y, además, mantiene el control total de la entidad con el 52% de las acciones. Otro ejemplo, en 1932, para salvar de la ruina a la empresa Vereinigte Stahlwerke controlada
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por Friedrich Flick, el Estado republicano de Weimar adquirió el 26,5% de las acciones de la compañía a un precio muy inflado (99 millones de marcos, cuando su valor de mercado era de 25 millones), lo que provocó una gran indignación pública que acusó al gobierno de corrupción.
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Flick correspondió a esta transacción de capital público a su empresa privada, donando 450.000 marcos para la campaña electoral de Hindenburg y aportando 100.000 más a un fondo del canciller Papen. La empresa pública de ferrocarriles no se privatizó en 1934, sino que se emitieron
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obligaciones financieras (participación en los beneficios, pero no en la propiedad de la compañía), porque se necesitaba liquidez para el plan de desarrollo de Fritz Reinhardt. Sin embargo, tres años después, el 10 de febrero de 1937, el Deutsche Reichsbahn fue puesto bajo la
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total soberanía del gobierno alemán. Por tanto, tras el saneamiento de la economía germana, gracias al Plan Reinhardt, el régimen nacionalsocialista procedió a vender su participación accionarial en las empresas privadas, recuperando el dinero del contribuyente alemán con
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beneficios. En definitiva, la inyección de capital público por parte del Estado republicano de Weimar en las citadas empresas, no se realizó con ánimo de nacionalizarlas, sino con la intención de sanearlas y evitar su quiebra, proceso que llevó a cabo el
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régimen nacionalsocialista que no era contrario a la iniciativa privada, siempre que su actividad financiera estuviese subordinada legalmente a los intereses sociales de la comunidad nacional.
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Bibliografía:

“Wikipedia”
“Hitler’s National Socialism” de Rainer Zitelmann
“Historia de la Revolución Nacionalsocialista” de Ernesto Milá @ErnestoMila
“Ballestremsches Firmen-und Familienarchiv”
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