@calotonterias: "La asimetría penal no es la ú...
@calotonterias
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Apr 13, 2026
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"La asimetría penal no es la única, dado que la ley VioGén animó a las instituciones a legislar en materia de «igualdad» de forma desaforada [...]
Durante los últimos veinte años el goteo de la «discriminación positiva» ha atiborrado nuestro ordenamiento jurídico de diferencias por razón de sexo hasta tal punto que haría falta un libro entero para recopilarlas. [...]
Todas las administraciones autonómicas y locales están obligadas a introducir sus propias normas «de igualdad», y tanto las comunidades gobernadas por la derecha como las que disfrutan de gobiernos progresistas se han dedicado a ello con frenesí. [...]
De modo que pasaré por encima y haré un repaso, necesariamente sucinto e incompleto, al panorama normativo en España y a algunos de los elementos concretos que exhiben el grado de discriminación de los hombres que impera en nuestro ordenamiento jurídico.
Existen en todo el Estado multitud de incentivos a la contratación de mujeres jóvenes por encima de los hombres jóvenes y ayudas al emprendimiento femenino a las que los hombres no tienen acceso. Desde 2022 se las considera oficialmente «personas consumidoras vulnerables», lo que les otorga el derecho a ser beneficiarias de las medidas que en el futuro decida adoptar el Gobierno para la «protección» de este colectivo «vulnerable». En el campo, las empresas que incorporan a mujeres con contrato indefinido reciben bonificaciones porque se las considera un «colectivo que presenta mayor riesgo y vulnerabilidad». Si son de la provincia de Segovia, las campesinas disponen de cursos de digitalización gratuitos, y en Gijón la empresa municipal de aguas lanza campañas para contratar solamente a mujeres.
En régimen de autónomos, reciben de media mayor ayuda económica que los hombres en todo el Estado. Por poner la lupa: si viven en Irún y quieren montar un negocio, les dan doscientos euros más que a los hombres; si viven en San Sebastián, un importe incrementado en un 20 por ciento respecto al de los hombres en las ayudas del plan de reactivación económica del Ayuntamiento, y en todo Euskadi reciben mayores aportes por el emprendimiento que los hombres. Lo mismo pasa en Galicia, donde el Plan Avalem Joves Plus ofrece tres puntos más a las mujeres que a los hombres y siete más si tienen el carnet de víctimas de violencia de género. Si nos vamos del norte al sur de la península, lo mismo: en San Fernando se les da un 95 por ciento de bonificación en el impuesto de actividades económicas cuando una empresa tiene como propietarias a mujeres. Podría seguir en cada una de las provincias españolas, pero no quiero un libro de mil quinientas páginas.
Cuando las cosas van mal, las mujeres tienen prioridad. Si han cometido un delito y están en la cárcel, a ellos les ofrecen cursos de «nuevas masculinidades» para que vuelvan al redil de la civilización, mientras que a las presas les dan cursos de «empoderamiento», y además tienen prioridad en los talleres. La Junta de Castilla y León dedicó doscientos ochenta mil euros a la inserción laboral de mujeres vulnerables, pero no a la de hombres vulnerables. El Ayuntamiento de Barcelona destinó ciento cincuenta mil euros contra la pobreza femenina. Además, les daban derecho a un espacio de canguro en caso de ser madres de familia monoparental con pocos recursos o víctimas de violencia de género, pero nada se ofrecía a los padres en la misma situación. Aunque en general no se discrimina al progenitor varón de las familias monoparentales, se pueden encontrar algunas otras ayudas exclusivas para madres, por ejemplo, en Tenerife.
Estas ventajas abarcan los terrenos más insospechados. Por ejemplo, si una mujer quiere una licencia de pesca de recreo en Canarias, recibe una bonificación del 80 por ciento de la cuota que los hombres han de pagar íntegra. Si no sabe montar en bicicleta y quiere aprender, en Sevilla financiaron con treinta mil euros unos cursos gratuitos que excluyen a los hombres, y en Valladolid dieron veinte mil euros en ayudas para sacar el carnet de conducir. Además, Renfe lanzó una campaña por su ochenta aniversario en el que ofrecía descuentos de hasta el 50 por ciento del billete sólo para mujeres.
Las mujeres pueden elegir dónde paran los autobuses a demanda en algunas ciudades, a determinadas horas y pagando el mismo billete que los hombres, que no tienen ese derecho. Se ofrece este privilegio como respuesta al miedo inducido por la narrativa de género sobre las violaciones callejeras, por más que el grueso de las agresiones sexuales contra las mujeres se produzca en casa, por parte de conocidos y allegados, y pese a que los hombres sufren agresiones callejeras violentas con resultado de lesión con una frecuencia espectacularmente superior a las mujeres, dato que según la narrativa de género no significa nada, o bien es culpa suya porque «son los hombres los mayores causantes de lesiones y homicidios». ¡Como si el hombre que agrede y el hombre que sufre fueran el mismo!
En trabajos como bombero o policía nacional, las pruebas físicas que deben superar las mujeres son inferiores a las de los hombres, y el sistema de puntuación también es distinto. Por si esto no diera resultados, se reservan además cuotas laborales femeninas en todos esos cuerpos de seguridad, cosa que no ocurre en sentido inverso con los trabajos feminizados, como escuelas infantiles, medicina o enfermería. Tampoco hay ajustes ni reproches a la empresa para los modelos de pasarela, pese a que ellos cobran menos que ellas por el mismo trabajo.
Para que el Ministerio de Igualdad subvencione a una asociación, el 65 por ciento de la plantilla deben ser mujeres. Y hablando de asociaciones, las hay por ahí de mujeres juristas, e incluso asociaciones de juezas, que admiten que sus «acciones se centran en la defensa de los derechos de las mujeres y de las/os menores, con el objetivo de ayudar a mejorar su nivel de vida, promocionar y defender sus derechos ante la constatación de una generalizada desigualdad por razón de género, así como la existencia de violencia frente a las mujeres y las niñas». No es difícil imaginar qué reacción suscitaría una asociación de jueces que excluyera a las juezas y aplicase una perspectiva masculinista a la justicia. ¡La reacción sería justificada, debo decir!
En ámbitos de la cultura, la educación, el deporte y el emprendimiento hay muchos premios exclusivos para mujeres, como el de La Caixa para emprendedoras, el Premio Europeo a las Mujeres Innovadoras, los premios de excelencia a la innovación para mujeres rurales del Ministerio de Agricultura, premios para camioneras, premios para mujeres en el sector público… pero ninguno exclusivo para hombres.
En la Universidad de Castilla-La Mancha, las tesis dirigidas por una mujer reciben un punto extra en la convocatoria de contratos predoctorales para personal investigador. Y en Valencia les dan hasta seiscientos euros por apuntarse a FP en cursos mayormente masculinos. Si una mujer quiere hacer cine en España, dado que hay menos directoras que directores, puede optar a ayudas de hasta el 75 por ciento para las obras audiovisuales que dirija, porque el Ministerio de Cultura ha decidido incluir las películas de mujeres en la categoría de «obras difíciles». A la hora de recibir financiación pública para montar festivales de cine, pasa lo mismo: hay más puntos si participan en puestos relevantes de la organización, así como por la programación o selección de obras realizadas por mujeres. Si una mujer quiere convertirse en deportista profesional, tiene derecho a ayudas para la conciliación y la formación que no reciben los hombres. Y para financiar la creación de un cómic, las mujeres tienen hasta quince puntos más que los hombres, por el hecho de serlo, en las ayudas del Ministerio de Cultura para 2025.
Por cierto, este afán por la «igualdad» ha provocado algún tirón de orejas de Europa. Sucedió con el complemento que el Gobierno introdujo en las pensiones de jubilación para paliar la «brecha de género», confundiendo de nuevo discriminación y desigualdad, y aplicándose por razones de sexo y no por la situación económica de cada persona. Este complemento se concedió a las mujeres que han tenido dos o más hijos biológicos o adoptados, no para los hombres. En 2018, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) nos informó de que esto sí es discriminación, y el Estado introdujo una reforma en la Seguridad Social para que los hombres en la misma situación pudieran acceder a este complemento. Sin embargo, siempre atados a la «perspectiva de género», nuestros políticos volvieron a discriminar al hombre, puesto que un hombre requería cumplir un montón de requisitos adicionales que a las mujeres no se les exigían. Así que, en 2025, el TJUE volvió a tirar a España de las orejas.
El argumento del reproche era lógico: ¿alguien podría considerar que las pensiones por invalidez tras un accidente laboral incapacitante se ofrezcan sólo a hombres por el chabacano motivo de que hay muchos más hombres en esta situación? Pues bien, os recuerdo la reforma constitucional que pasó a considerar a los hombres discapacitados menos necesitados de ayuda que a las mujeres y niños en el mismo caso. [...]
En Valencia, hasta hace unos años, la ley beneficiaba al sexo infrarrepresentado, pero cuando Compromís llegó al Gobierno la cambió para que nunca pudiera beneficiar a los hombres. Las medidas de discriminación positiva apelan siempre al sexo, y rara vez se incluye para ellas un periodo de validez. No se evalúan sus resultados, ni se borran del ordenamiento en caso de que cumplan sus objetivos. Simplemente se quedan ahí, en las páginas del BOE y los boletines autonómicos y locales, en ese estado de excepcionalidad permanente que la narrativa de género implanta en la cabeza del personal, legisladores incluidos."
Durante los últimos veinte años el goteo de la «discriminación positiva» ha atiborrado nuestro ordenamiento jurídico de diferencias por razón de sexo hasta tal punto que haría falta un libro entero para recopilarlas. [...]
Todas las administraciones autonómicas y locales están obligadas a introducir sus propias normas «de igualdad», y tanto las comunidades gobernadas por la derecha como las que disfrutan de gobiernos progresistas se han dedicado a ello con frenesí. [...]
De modo que pasaré por encima y haré un repaso, necesariamente sucinto e incompleto, al panorama normativo en España y a algunos de los elementos concretos que exhiben el grado de discriminación de los hombres que impera en nuestro ordenamiento jurídico.
Existen en todo el Estado multitud de incentivos a la contratación de mujeres jóvenes por encima de los hombres jóvenes y ayudas al emprendimiento femenino a las que los hombres no tienen acceso. Desde 2022 se las considera oficialmente «personas consumidoras vulnerables», lo que les otorga el derecho a ser beneficiarias de las medidas que en el futuro decida adoptar el Gobierno para la «protección» de este colectivo «vulnerable». En el campo, las empresas que incorporan a mujeres con contrato indefinido reciben bonificaciones porque se las considera un «colectivo que presenta mayor riesgo y vulnerabilidad». Si son de la provincia de Segovia, las campesinas disponen de cursos de digitalización gratuitos, y en Gijón la empresa municipal de aguas lanza campañas para contratar solamente a mujeres.
En régimen de autónomos, reciben de media mayor ayuda económica que los hombres en todo el Estado. Por poner la lupa: si viven en Irún y quieren montar un negocio, les dan doscientos euros más que a los hombres; si viven en San Sebastián, un importe incrementado en un 20 por ciento respecto al de los hombres en las ayudas del plan de reactivación económica del Ayuntamiento, y en todo Euskadi reciben mayores aportes por el emprendimiento que los hombres. Lo mismo pasa en Galicia, donde el Plan Avalem Joves Plus ofrece tres puntos más a las mujeres que a los hombres y siete más si tienen el carnet de víctimas de violencia de género. Si nos vamos del norte al sur de la península, lo mismo: en San Fernando se les da un 95 por ciento de bonificación en el impuesto de actividades económicas cuando una empresa tiene como propietarias a mujeres. Podría seguir en cada una de las provincias españolas, pero no quiero un libro de mil quinientas páginas.
Cuando las cosas van mal, las mujeres tienen prioridad. Si han cometido un delito y están en la cárcel, a ellos les ofrecen cursos de «nuevas masculinidades» para que vuelvan al redil de la civilización, mientras que a las presas les dan cursos de «empoderamiento», y además tienen prioridad en los talleres. La Junta de Castilla y León dedicó doscientos ochenta mil euros a la inserción laboral de mujeres vulnerables, pero no a la de hombres vulnerables. El Ayuntamiento de Barcelona destinó ciento cincuenta mil euros contra la pobreza femenina. Además, les daban derecho a un espacio de canguro en caso de ser madres de familia monoparental con pocos recursos o víctimas de violencia de género, pero nada se ofrecía a los padres en la misma situación. Aunque en general no se discrimina al progenitor varón de las familias monoparentales, se pueden encontrar algunas otras ayudas exclusivas para madres, por ejemplo, en Tenerife.
Estas ventajas abarcan los terrenos más insospechados. Por ejemplo, si una mujer quiere una licencia de pesca de recreo en Canarias, recibe una bonificación del 80 por ciento de la cuota que los hombres han de pagar íntegra. Si no sabe montar en bicicleta y quiere aprender, en Sevilla financiaron con treinta mil euros unos cursos gratuitos que excluyen a los hombres, y en Valladolid dieron veinte mil euros en ayudas para sacar el carnet de conducir. Además, Renfe lanzó una campaña por su ochenta aniversario en el que ofrecía descuentos de hasta el 50 por ciento del billete sólo para mujeres.
Las mujeres pueden elegir dónde paran los autobuses a demanda en algunas ciudades, a determinadas horas y pagando el mismo billete que los hombres, que no tienen ese derecho. Se ofrece este privilegio como respuesta al miedo inducido por la narrativa de género sobre las violaciones callejeras, por más que el grueso de las agresiones sexuales contra las mujeres se produzca en casa, por parte de conocidos y allegados, y pese a que los hombres sufren agresiones callejeras violentas con resultado de lesión con una frecuencia espectacularmente superior a las mujeres, dato que según la narrativa de género no significa nada, o bien es culpa suya porque «son los hombres los mayores causantes de lesiones y homicidios». ¡Como si el hombre que agrede y el hombre que sufre fueran el mismo!
En trabajos como bombero o policía nacional, las pruebas físicas que deben superar las mujeres son inferiores a las de los hombres, y el sistema de puntuación también es distinto. Por si esto no diera resultados, se reservan además cuotas laborales femeninas en todos esos cuerpos de seguridad, cosa que no ocurre en sentido inverso con los trabajos feminizados, como escuelas infantiles, medicina o enfermería. Tampoco hay ajustes ni reproches a la empresa para los modelos de pasarela, pese a que ellos cobran menos que ellas por el mismo trabajo.
Para que el Ministerio de Igualdad subvencione a una asociación, el 65 por ciento de la plantilla deben ser mujeres. Y hablando de asociaciones, las hay por ahí de mujeres juristas, e incluso asociaciones de juezas, que admiten que sus «acciones se centran en la defensa de los derechos de las mujeres y de las/os menores, con el objetivo de ayudar a mejorar su nivel de vida, promocionar y defender sus derechos ante la constatación de una generalizada desigualdad por razón de género, así como la existencia de violencia frente a las mujeres y las niñas». No es difícil imaginar qué reacción suscitaría una asociación de jueces que excluyera a las juezas y aplicase una perspectiva masculinista a la justicia. ¡La reacción sería justificada, debo decir!
En ámbitos de la cultura, la educación, el deporte y el emprendimiento hay muchos premios exclusivos para mujeres, como el de La Caixa para emprendedoras, el Premio Europeo a las Mujeres Innovadoras, los premios de excelencia a la innovación para mujeres rurales del Ministerio de Agricultura, premios para camioneras, premios para mujeres en el sector público… pero ninguno exclusivo para hombres.
En la Universidad de Castilla-La Mancha, las tesis dirigidas por una mujer reciben un punto extra en la convocatoria de contratos predoctorales para personal investigador. Y en Valencia les dan hasta seiscientos euros por apuntarse a FP en cursos mayormente masculinos. Si una mujer quiere hacer cine en España, dado que hay menos directoras que directores, puede optar a ayudas de hasta el 75 por ciento para las obras audiovisuales que dirija, porque el Ministerio de Cultura ha decidido incluir las películas de mujeres en la categoría de «obras difíciles». A la hora de recibir financiación pública para montar festivales de cine, pasa lo mismo: hay más puntos si participan en puestos relevantes de la organización, así como por la programación o selección de obras realizadas por mujeres. Si una mujer quiere convertirse en deportista profesional, tiene derecho a ayudas para la conciliación y la formación que no reciben los hombres. Y para financiar la creación de un cómic, las mujeres tienen hasta quince puntos más que los hombres, por el hecho de serlo, en las ayudas del Ministerio de Cultura para 2025.
Por cierto, este afán por la «igualdad» ha provocado algún tirón de orejas de Europa. Sucedió con el complemento que el Gobierno introdujo en las pensiones de jubilación para paliar la «brecha de género», confundiendo de nuevo discriminación y desigualdad, y aplicándose por razones de sexo y no por la situación económica de cada persona. Este complemento se concedió a las mujeres que han tenido dos o más hijos biológicos o adoptados, no para los hombres. En 2018, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) nos informó de que esto sí es discriminación, y el Estado introdujo una reforma en la Seguridad Social para que los hombres en la misma situación pudieran acceder a este complemento. Sin embargo, siempre atados a la «perspectiva de género», nuestros políticos volvieron a discriminar al hombre, puesto que un hombre requería cumplir un montón de requisitos adicionales que a las mujeres no se les exigían. Así que, en 2025, el TJUE volvió a tirar a España de las orejas.
El argumento del reproche era lógico: ¿alguien podría considerar que las pensiones por invalidez tras un accidente laboral incapacitante se ofrezcan sólo a hombres por el chabacano motivo de que hay muchos más hombres en esta situación? Pues bien, os recuerdo la reforma constitucional que pasó a considerar a los hombres discapacitados menos necesitados de ayuda que a las mujeres y niños en el mismo caso. [...]
En Valencia, hasta hace unos años, la ley beneficiaba al sexo infrarrepresentado, pero cuando Compromís llegó al Gobierno la cambió para que nunca pudiera beneficiar a los hombres. Las medidas de discriminación positiva apelan siempre al sexo, y rara vez se incluye para ellas un periodo de validez. No se evalúan sus resultados, ni se borran del ordenamiento en caso de que cumplan sus objetivos. Simplemente se quedan ahí, en las páginas del BOE y los boletines autonómicos y locales, en ese estado de excepcionalidad permanente que la narrativa de género implanta en la cabeza del personal, legisladores incluidos."
