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🧵#AbroHilo I ¡Cadáveres de Presos Políticos devueltos en secreto y sin derecho a un entierro digno en Nicaragua! 1/6 🧵

En las últimas semanas, Nicaragua ha sido testigo de un patrón alarmante y repetitivo: la muerte por acción u omisión de presos políticos bajo custodia del régimen, sin transparencia ni respeto a los derechos humanos y dolor de sus familiares. El caso más reciente es el que circula hoy, de Carlos Cárdenas Zepeda, cuyo cadáver fue entregado a su familia tras 15 días de desaparición forzada, sin explicaciones claras ni permisos para un entierro digno. Esto ocurre apenas días después de la muerte de Mauricio Alonso Prieto, detenido el 18 de julio de 2025 y cuyo cuerpo fue devuelto el 25 de agosto, obligando a un sepelio exprés bajo vigilancia policial estricta. Estos no son incidentes aislados; forman parte de una serie de fallecimientos que cuestionan la responsabilidad del Estado en la protección de la vida de quienes están bajo su custodia.

2/6 🧵Más allá de los presos políticos que, tras ser liberados en condiciones precarias de salud, fallecieron fuera del régimen carcelario, al menos seis han muerto bajo la custodia estricta de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, en contextos de arrestos arbitrarios, juicios dudosos y presuntos maltratos. A continuación, un breve repaso de estos casos:
1.- Eddy Montes (16 de mayo de 2019): Preso político de Matagalpa y nacionalidad nica-estadounidense, asesinado en una celda de la cárcel "La Modelo" por un oficial. Condenado por "terrorismo", su muerte fue justificada como "defensa propia", versión desmentida por testigos. Era un defensor de derechos humanos y exsoldado de la US Navy.
2.- Santos Flores (8 de noviembre de 2021): Abogado que denunció abusos sexuales por parte de Ortega contra su hermana menor. Condenado a 15 años por un delito fabricado, falleció en "La Modelo" tras ocho años en condiciones inhumanas. La CIDH demandó al Estado por tortura y muerte en prisión.
3.- Hugo Torres (12 de febrero de 2022): General en retiro, quién liberó a Daniel Ortega en el pasado, detenido en junio de 2021. Murió tras siete meses en El Chipote y el Hospital Policial, con deterioro de salud no atendido oportunamente. Su familia y compañeros denunciaron negligencia médica.
4.- Humberto Ortega (30 de septiembre de 2024): Exjefe del Ejército y hermano del dictador, bajo arresto domiciliario desde mayo de 2024 por criticar al régimen. Falleció en aislamiento total, sin acceso a tratamiento médico adecuado, agravado por estrés y precaria salud que fue expuesta por él antes de morir a través de un audio que dejó.
5.- Mauricio Alonso Prieto (25 de agosto de 2025): Detenido en julio de 2025 en Carazo durante redadas previas al 19 de julio. Su cuerpo fue entregado sin constancia de causas de muerte, prohibiendo velorio, misa o autopsia.
6.- Carlos Cárdenas Zepeda (agosto de 2025): Abogado y exasesor de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, secuestrado en 2018 por paramilitares y detenido nuevamente en 2025. Su cuerpo fue entregado tras 15 días de desaparición forzada, sin información sobre la causa de muerte ni permiso para un entierro digno, bajo estricta vigilancia policial.

3/6 🧵Estos casos siguen un patrón común y sistemático:
a) Falta de dictámenes médico-legales: Ninguna familia recibe informes forenses detallados sobre la causa de muerte, dejando en la opacidad posibles torturas o negligencias.
b) Prohibición de autopsias independientes: Se impide a los familiares solicitar o realizar exámenes post-mortem, como en los casos de Prieto y Zepeda, donde se ordenó entierros inmediatos sin verificación.
c) Restricciones a los familiares: No se permite estar a solas con el cadáver, ni realizar velorios, misas o entierros dignos; todo bajo custodia policial, como en Prieto (entierro exprés) y Torres (ocultamiento inicial de paradero).
d) Ausencia de investigación transparente: No hay procesos judiciales independientes para esclarecer las circunstancias, ignorando notificaciones oportunas a autoridades y familias.
e) Negligencia en atención médica: Los fallecidos sufren deterioro de salud sin traslados oportunos a hospitales, agravado por aislamiento y estrés, como en Ortega y Torres.

4/6 🧵Desde una perspectiva legal, la Ley del Régimen Penitenciario y Ejecución de la Pena, junto con su Reglamento, establecen protocolos claros para proteger la vida y dignidad de los privados de libertad, prohibiendo torturas y tratos crueles, y obligando a notificar inmediatamente a familiares y autoridades judiciales en caso de fallecimiento, con investigaciones transparentes y posibles autopsias. El respeto a la dignidad humana en el manejo del cuerpo es un principio fundamental, al igual que la supervisión y documentación de incidentes por parte del Ministerio de Gobernación. En estos casos, parece haber violaciones sistemáticas: no solo por lo que se hizo (como detenciones arbitrarias), sino por lo que se omitió (atención médica oportuna, registros actualizados y supervisión). La responsabilidad recae en los custodios y el Sistema Penitenciario Nacional, dependiente del Ministerio de Gobernación, que debe responder por omisiones que agravan condiciones carcelarias inhumanas.

5/6 🧵Más allá de estos textos legales, es crucial entender que una muerte atribuida a "enfermedad" o a la "privación de condiciones dignas" no puede investigarse como una simple muerte natural, sino bajo el contexto, naturaleza y protocolos de responsabilidad del régimen carcelario, donde debe quedar claro no solo por qué murió la persona, sino qué se hizo o dejó de hacer para garantizar su vida —como chequeos médicos regulares, entornos higiénicos y atención oportuna—. En la condición de desaparición forzada, que impide a los familiares proporcionar medicamentos o visitarlos para monitorear padecimientos, esta omisión se agrava exponencialmente, convirtiendo la negligencia en un factor letal. Aquí radica una doble responsabilidad: la de quien priva de libertad a alguien sin un proceso legal debido, violando garantías constitucionales, y la que deriva de la desaparición forzada en sí, que deja a las víctimas fuera del amparo legal, sin posibilidad de acudir ante una autoridad para cambiar medidas cautelares de facto —como prisión preventiva o arresto domiciliario—, lo que podría prevenir muchas de estas muertes al permitir intervenciones judiciales o médicas a tiempo.

6/6 🧵Toda muerte bajo privación de libertad debe investigarse exhaustivamente, preguntando y respondiendo: ¿Cómo ocurrió? ¿Qué se hizo para prevenirlo? ¿Quién era el custodio responsable? ¿Bajo qué justificación legal estaba esa persona detenida? La responsabilidad no se limita a las acciones directas, sino también a las omisiones de los carceleros, que podrían haber evitado tragedias mediante protocolos establecidos en la legislación penitenciaria. Se imagina, ¿cómo un custodio podrá justificar que alguien murió bajo su cargo, sin haber una razón legal que lo sustente? ¿Qué opinas al respecto?